El ministro de Justicia, Luis Cordero, finalizó este miércoles dos días de sesiones ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en los que describió el actual diálogo del Estado con el pueblo mapuche como "una manera de ir resolviendo las deudas pendientes de la sociedad chilena con los pueblos indígenas".

"Se están generando las condiciones para promover una solución estable y permanente con el pueblo mapuche y con los indígenas en general", indicó a EFE el ministro, jefe de una nutrida delegación que incluyó representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial chilenos.

Cordero enumeró al Comité, formado por 18 expertos en derechos humanos y presidido por la paraguaya Tania María Abdo, los avances en materia de derechos humanos emprendidos por Chile en los últimos diez años desde la anterior comparecencia ante el Comité, entre ellos la creación, el pasado año, de la Comisión Presidencial para la Paz y Entendimiento.

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Dicho organismo "trabaja para realizar un diagnóstico de la demanda de tierras del pueblo mapuche y propiciar un diálogo que dé legitimidad a las soluciones que se propongan y analice las formas de reparación a todas las víctimas que el conflicto ha generado", afirmó el titular de Justicia y Derechos Humanos.

El ministro reconoció ante el Comité los amplios desafíos que en materia de libertades fundamentales afronta el país, cuya institucionalidad vivió tensiones tras sufrir en 2019 las mayores protestas desde el regreso de la democracia.

Cordero destacó en este sentido los "desafíos estructurales en materia carcelaria, que se han agudizado con el aumento, inédito en nuestra historia, de la población privada de libertad en los últimos 24 meses".

"Chile está convencido de que la agenda de seguridad debe ser compatible con los derechos humanos. Que se pueden combatir las organizaciones criminales, se puede ser severo en persecución criminal, pero esto no puede ser a costa del sistema de derechos humanos", subrayó a EFE.

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Otro tema que se destacó en el diálogo fue la política de igualdad, donde el ministro destacó avances como la institución de un régimen de protección y reparación integral a víctimas de feminicidios.

También recordó la reciente promulgación de leyes de identidad de género, matrimonio igualitario o la que permite la interrupción voluntaria del embarazo si este ha sido causado por una violación, existe peligro para la vida de la mujer o el feto no puede sobrevivir fuera del útero.

En cabeza de la representación del Poder Judicial, el ministro de la Corte Suprema de Chile Arturo Prado destacó que en 10 años el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ratificado por Chile y por cuyo cumplimiento vela el Comité de la ONU) ha sido invocado en más de 1.500 sentencias en el país.

En ellas, subrayó, se han reivindicado aspectos del pacto como el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, el trato digno a personas privadas de libertad, las libertades de conciencia, expresión y religión o el derecho a la reinserción social, entre otros.

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