Paipote es una fundición de cobre ubicada a 8 kilómetros de la ciudad de Copiapó, que fue fundada en 1952. Se trata de una industria clave en la historia y el desarrollo económico y social de Copiapó, pero también es una gran fuente de contaminación que ha traído diversos problemas de salud a habitantes de la zona y a los ecosistemas.

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Ahora, ENAMI inició el proceso de cierre temporal de la fundición que tiene fecha para abril de este año, mientras se tramitan los permisos ambientales del proyecto para modernizarla y que vuelva a operar por 50 años más.

Pero el proceso tiene en alerta a algunos sindicatos de trabajadores de la planta que reclaman por la cantidad de empleados que podrían perder sus fuentes de ingreso y la falta de una fecha concreta para la vuelta a operaciones.

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El caso deja en evidencia que el necesario camino hacia industrias menos contaminantes deja un impacto socioeconómico que es necesario abordar, y sirve como ejemplo para el parque de fundiciones de Chile, cuyas refinerías y fundiciones tienen tecnología atrasada, muy baja productividad y altos costos de operación además de ser muy contaminantes.

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Años de contaminación

En 2019, una nube tóxica cubrió por algunas horas la comuna de Tierra Amarilla, en un nuevo episodio de emanación de dióxido de azufre de la fundición Paipote, que afectó sobre todo a adultos mayores y niños. Casi cien personas tuvieron que ser derivadas a centros de salud presentando cefaleas, náuseas y vómitos.

Ese mismo año, abogados del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Atacama presentaron junto con vecinas y vecinos de la comuna un recurso de protección en la Corte de Apelaciones debido a las continuas emanaciones tóxicas de la planta.

En 2021, un reportaje de Ciper reveló que la planta superó la norma de emisiones de dióxido de azufre en 63 oportunidades desde el 2019, siendo uno de estos episodios el más crítico, en que se superó en hasta seis veces el límite permitido del contaminante.

Desde la empresa afirman que en los últimos años han logrado adaptar la infraestructura para capturar 95% de las emisiones contaminantes, como lo exige la normativa. Sin embargo esa normativa se actualizará para exigir 96% o 97% de captura de emisiones, para lo cual se requiere de la modernización de la planta.

“Debemos cambiar toda la infraestructura de la fundición, porque lo que estamos hoy día buscando con el proyecto de modernización es capturar el 99,4 o 99,5% de todas las emisiones”, afirma el presidente ejecutivo Iván Mlynarz.

Reconversión laboral

Desde el Sindicato N°1 de trabajadores de la empresa, anunciaron que retomarán este viernes las movilizaciones para protestar por el cese de operaciones del recinto. Hace dos semanas habían llegado hasta La Moneda para entregar una carta en rechazo a la iniciativa, mientras que desde ENAMI solicitan que dirigentes del sindicato se sumen a las mesas de diálogo.

Los dirigentes declaran que son mil los trabajadores que se verán afectados por la medida, y cuestionan la temporalidad del cierre, ya que la vuelta a operaciones depende de que se les apruebe el proyecto de modernización, para lo cual no existen garantías. El proyecto ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental en noviembre del 2023.

Desde ENAMI contabilizan que serán 500 los trabajadores afectados, para los cuales se ofrecen distintos planes de egreso. Hay un grupo de 200 personas de la empresa que ya se acogieron voluntariamente al plan, otro grupo que será reubicado en otras faenas de la empresa, y un tercer grupo de 300 trabajadores propios y 200 de contratistas, “con quienes efectivamente tenemos que conversar y establecer las condiciones de salida”, afirman.

También declaran desde la empresa que seguirán comprando la producción de los pequeños mineros y pirquineros que han sido proveedores de ENAMI históricamente, por lo que este segmento tampoco se vería afectado.