Como si no fueran suficientes la política del terror, la violación sistemática de derechos humanos, el secuestro de personas y su posterior desaparición forzosa, hoy, a más de tres décadas de finalizada formalmente la tiranía, el Estado -quienes lo administran- siguen violentando a las víctimas de la dictadura civil-militar.

Ejemplos hay por doquier, pero en esta ocasión nos detendremos en un hecho, a mi juicio, siniestro: el abandono de 89 cajas -primero en dependencias de la Universidad de Chile y luego en el Servicio Médico Legal- con eventuales restos de detenidos desaparecidos.

El suceso es terrible. Si efectivamente dichas osamentas corresponden a víctimas de desaparición forzada ¿podremos vivir tranquilos sabiendo que muchas madres, esposas, hermanas, murieron buscando a su ser querido pese a que sus restos estuvieron, todo este tiempo, en manos del Estado? Esta brutalidad es el natural resultado de años de impunidad, de indolencia y de un insensato negacionismo.

Para investigar este lamentable episodio es que, en marzo del 2023, propusimos impulsar una Comisión Especial Investigadora en la Cámara de Diputados y Diputadas, cuyas conclusiones y recomendaciones fueron aprobadas por la Sala de la Cámara con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones.

A continuación, enumero las principales recomendaciones que, como Comisión, acordamos:

Se sugiere que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realice una permanente fiscalización para que el Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia efectivamente impulse y respalde las diligencias judiciales y las pericias que correspondan en relación con eventuales víctimas de desaparición forzada.

A su vez se recomienda que se disponga de todos los recursos para identificar fragmentos y restos óseos que se encuentren en cualquier dependencia pública o privada.

También se hace necesario que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informe cuatrimestralmente a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputadas y Diputados el avance respecto al trabajo desarrollado por el Servicio Médico Legal para la identificación de víctimas de desaparición forzada.

En la misma forma, respaldamos pedir al Ejecutivo dar cuenta permanentemente a los familiares de víctimas de violaciones de los derechos humanos de los avances en materia de investigaciones o de acciones que tengan relación con ellos.

Ninguna de estas conclusiones y/o recomendaciones son antojadizas, muy por el contrario, son un piso mínimo para avanzar en un poco de verdad y justicia, en garantías de no repetición, en ser un poco más humanos y humanas, pese a la resistencia de la derecha y extrema derecha, quienes -contadas excepciones- se opusieron al informe de la Comisión, informe que solo se limitó a recomendar mayor prolijidad a la hora de buscar la verdad. ¿Quién se puede oponer a aquello?... los mismos de siempre.

A pesar de ellos, quienes creemos en el respeto a los derechos humanos, en la verdad, en la justicia, seguiremos dando la lucha por acabar con la grotesca impunidad que cubre al país, para que no haya más cajas con osamentas abandonadas, para que ninguna madre fallezca sin saber del paradero de su hijo, para que no se siga perpetuando la cultura de la muerte, para que en Chile se respete la honra de quienes, aun matándolos, no pudieron matar.