Casi 20.000 metros cuadrados tiene la estructura del hotel Punta Piqueros que la Corte Suprema ordenó demoler por considerarla ilegal, tras más de 10 años de lucha contra el proyecto.

Se trata de una construcción a medio terminar encima del mar, en una zona que ya sufrió un grave impacto ambiental en el 2011 cuando se dinamitó la roca oceánica peñón Orejas de Burro, para construir el polémico hotel ligado a las familias Bolocco, Urenda, Eluchans y Said.

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Y aunque la inmobiliaria titular del proyecto está levantado este argumento para oponerse a la demolición total del edificio, autoridades y organizaciones locales de Concón piden que se elija una metodología de demolición que sea lo más amigable posible con el entorno.

Ya el año pasado, al conocerse la millonaria demanda que la inmobiliaria interpuso responsabilizando al Estado por la fallida inversión, el abogado de la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, Gabriel Muñoz, llamaba a elegir una metodología de deconstrucción “metro por metro” para no volver a dañar el medio ambiente.

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Desde la Corporación afirmaron estar esperando los documentos oficiales de la orden de demolición para opinar nuevamente al respecto.

Evaluar la demolición

Tras conocer la decisión de demoler el edificio, tanto autoridades comunales como parlamentarios manifestaron la necesidad de que cualquier intervención que se haga en la zona y que pueda causar un nuevo impacto al ecosistema fragilizado,  se evalúe ambientalmente.

Es el caso del alcalde de Concón, Freddy Ramírez, que manifestó ante medios locales que “el municipio va a tomar todas las medidas para que la demolición no vuelva a revictimizar el medio ambiente”.

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Similar opinión manifestaron la concejala de Concón María José Aguirre y la consejera regional Tania Valenzuela, que llamaron al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a evaluar el proceso de demolición.

La necesidad de evaluar cómo se responde ante el daño ambiental ya generado por una construcción ilegal también se manifestó en el caso de las dunas de Concón, donde la organización ambiental Duna Viva interpuso un recurso de protección contra el Ministerio de Obras Públicas por realizar obras en el colector de lluvias y la zona de los socavones sin haber evaluado cómo impactarán las ya fragilizadas dunas.

Postura de la inmobiliaria

Desde la inmobiliaria declararon que asistirán a todas las instancias para oponerse a la demolición total del inmueble debido al daño ambiental que generaría. Proponen en su lugar una demolición parcial y un proyecto de aprovechamiento de la infraestructura que quede en pie, el cual ya fue presentado por la empresa.

Organizaciones locales, por su parte, tildan la postura de la inmobiliaria de hipócrita luego de haberse opuesto durante años a limitar o reubicar el proyecto por su impacto ambiental.