Ante la consternación de ambientalistas de Concón, en 2011 se dinamitó la roca oceánica llamada entonces peñón Orejas de Burro, para construir el polémico hotel Punta Piqueros a merced de marejadas y crecidas del mar, y sin contar con permiso ambiental.

Ahora, con la obra terminada pero constantemente bajo agua, la inmobiliaria del hotel de las familias Bolocco, Urenda, Eluchans y Said demandó al Estado por más de US$ 90 millones por “falta de servicio” de distintas oficinas estatales, a las que responsabilizan por la fallida inversión.

Abogados de la Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar, que también han defendido legalmente el santuario dunar de Concón ante la presión inmobiliaria, acudieron a la Corte de Apelaciones para exigir que se ejecute el fallo de la Corte Suprema de 2022 que ordena al Serviu determinar la demolición del hotel a costas del titular, por haberse ejecutado ilegalmente.

En su fallo, el tribunal supremo determina que “se ha erigido un edificio contrario a la normativa urbanística vigente, que no puede ampararse en un permiso de construcción ilegal desde su otorgamiento”.

“Es inaudita y de gran gravedad esta demanda. Esta inmobiliaria dinamitó el peñón para construir ahí un monumento a la soberbia. No podemos calificarlo de otra forma. No les importó el cambio climático ni el peligro de tsunamis y marejadas, dañando de manera irreversible el patrimonio ambiental que es nuestro patrimonio y nuestro derecho”, reclamó la presidenta de la Corporación, Cecilia Esther Rojas.

El hotel y la roca

El peñón Orejas de Burro o Punta Piqueros formaba parte del llamado “triángulo de biodiversidad” de Concón, junto con el campo dunar milenario y la roca oceánica; ecosistemas que cumplen un rol clave en mitigar los eventos cada vez más extremos de marejadas ante el cambio climático.

El abogado de la Corporación, Gabriel Muñoz, también envió un emplazamiento a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbansimo de Valparaíso (Serviu), ya que a la fecha no ha ejecutado el pronunciamiento que le ordenó la Corte Suprema en el 2022 sobre la procedencia de demoler total o parcialmente el hotel.

En caso de su demolición, los ambientalistas solicitan que el método que se use sea de deconstrucción metro por metro, para no agregar otro impacto significativo al ecosistema.

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