“El Estado apenas tiene información sobre los temas de seguridad en la labor de la prensa y no cuenta con unidades especializadas en agresiones en su contra”, afirmó el presidente de ODC, Javier García, durante la presentación del informe ‘Aplicación de Indicadores de Seguridad de Periodistas en Chile’ que, con el apoyo de la Unesco, analiza el período de octubre de 2019 a julio de 2023.

Amenazas y hostigamiento en redes sociales; acoso judicial y condenas de cárcel bajo acusaciones de injurias y calumnias; espionaje y agresiones por parte de organismos del Estado; y ataques a tiros, incluyendo un asesinato durante la cobertura informativa, son algunas de las acciones contra la prensa que recoge documento.

En 2023, el Observatorio registró 80 vulneraciones a la libertad de prensa, más de la mitad de las cuales (43) fueron perpetradas por agentes del Estado. En 37 de los incidentes las víctimas fueron pequeños medios independientes o locales.

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"La cultura de seguridad en Chile es muy deficiente, esa valoración se ha repetido en varias entrevistas con diversos actores, tanto desde el punto de vista de las y los trabajadores como de los medios de comunicación masivos o comunitarios", indicó García.

"No se toman las medidas preventivas necesarias"

La investigación del ODC recuerda que la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF) situó a Chile en el puesto 83 el año pasado, y en el lugar 120 de 180 en materia de seguridad.

El director del Observatorio enfatizó que no se toman las medidas preventivas necesarias ni se utilizan equipos adecuados, además de que hay escasa formación, ya que no se imparte información específica ni en el ámbito académico ni en la formación profesional: "En las empresas periodísticas apenas hay capacitación interna en temas de seguridad para la labor de la prensa”, agregó.

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La investigación alerta de que las iniciativas desarrolladas para la protección de la prensa "son modestas", las medidas normativas impulsadas por las instituciones públicas están aún en proceso de tramitación y que "no existe ningún mecanismo institucional para el diálogo y trabajo coordinado".

Además, hace hincapié en que las periodistas y comunicadoras enfrentan "mayor vulnerabilidad" que sus colegas hombres, "con peores condiciones laborales y riesgo de sufrir acoso sexual", tanto dentro como fuera de las salas de redacción.

El Observatorio del Derecho a la Comunicación es una organización independiente sin fines de lucro que desde 2019 monitorea la situación de la libertad de prensa en Chile. Forma parte de Voces del Sur una red de 17 organizaciones que analizan y reportan el estado de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información en América Latina.

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