La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó de forma transversal y casi unánime el informe de la Comisión Especial Investigadora (CEI) por el incendio de la bodega de Kayser en Renca el 20 de octubre del 2019, luego del que se encontraron muertos a Manuel Muga, Yoshua Osorio, Andrés Ponce, Julián Pérez y Luis Salas.

En detalle fueron 85 votos a favor, una abstención del diputado Eduardo Cornejo (UDI) y ninguno en contra.

El diputado Andrés Giordano, presidente e impulsor de la CEI, sostuvo que “desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano acreditamos la existencia de acciones u omisiones que se tradujeron en errores y negligencias por parte del Estado, sobre todo por parte del Ministerio Público, las Policías y el Servicio Médico Legal”.

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“Esperamos sea un insumo para las familias que nos acompañan en este momento, en la causa penal que va a seguir impulsándose, que trasciende la labor de este Parlamento”, agregó el diputado.

En conversación con El Desconcierto, Giordano destacó que “el convencimiento fue surgiendo de a poco, fue un trabajo meticuloso porque el estallido social es un tema que nos suele dividir en el Congreso, pero acá pusimos el enfoque en la justicia y la defensa de los Derechos Humanos, con hechos concretos y con una planificación que permitió entender y evidenciar las inconsistencias en los distintos testimonios y registros que recabamos; si hubiera habido alguien en contra, era porque no quería ver”.

Respecto a las familias de las víctimas, el diputado señaló que “había mucha emoción, mezcla de sentimientos, pero sobre todo satisfacción porque fueron escuchadas después de haberse sentido discriminadas por todas las instituciones involucradas en la investigación”.

El siguiente paso

“Esperamos que informe sea una herramienta más en el camino largo que aún les queda por recorrer. Paralelo a esto, y en sintonía con lo que determinó la comisión, tenemos que insistir en conjunto para que el lugar del suceso finalmente contemple espacio para un sitio de memoria, quizás el primero luego del retorno a la democracia”, agregó.

Sobre el siguiente paso en materia de reparación, Giordano apuntó que queda avanzar en la determinación de responsabilidades jurídicas en un plano penal, administrativo y civil.

Esto es la formalización de los responsables y la continuación de los procesos; la sanción administrativa de todos aquellos funcionarios y funcionarias involucrados; y reparar los daños y perjuicios ocasionados por este actuar. “Esto es vital para el acceso efectivo a la justicia”.

Por su parte, Solange Arias, mamá de Yoshua Osorio, agradeció “todo el largo trabajo de equipo que tiene el diputado Andrés Giordano y el apoyo de todos los diputados y diputadas en la votación, ya que esto nos sirve como familia para acelerar todas las diligencias que están estancadas. Estamos muy emocionadas, muy contentas”.

Principales conclusiones

Dentro de las principales conclusiones se mencionan negligencias por parte del Servicio Médico Legal “en la aplicación de procedimientos técnicos relativos a las pericias tanatológicas”; y “el desconocimiento de información relevante por parte del Ministerio Público”, desde donde en respuesta a un oficio del 2021, expresaron que “no hay antecedentes de impactos balísticos”, cuando sí los hubo.

Asimismo, que “tanto Carabineros de Chile como el Ministerio Público, señalaron rápidamente que las víctimas habían muerto saqueando, es decir, cometiendo el delito de robo en lugar no habitado. Tal situación generó, de acuerdo a las familias de las víctimas, un estigma y prejuicio anticipado en la propia investigación”.

Además, el mismo carabinero que afirmó esto último, grabó y difundió “en redes sociales un video de las víctimas durante la noche del 20 de octubre del 2019”, un delito por el cual sólo recibió la sanción administrativa más leve por parte de la institución y recién en este año se concretó su formalización.

También que ni en el día del incendio ni los días posteriores, el sitio del suceso fue cercado para el debido levantamiento y realización de diligencias investigativas, lo que era responsabilidad del Ministerio Público y de Carabineros.