El martes 31 de octubre la Segunda Sala del Tribunal Constitucional revisará el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que presentó el excapitán de Ejército y exagente de la CNI Patricio Castro, a través de su abogado Maximiliano Murath, maniobra con la que busca dilatar el cumplimiento de una condena de 20 años por los delitos de asociación ilícita y homicidio calificado.

Castro fue condenado a 15 años por el homicidio calificado de Rogelio Tapia, Raúl Barrientos y Juan José Boncompte y a 5 años y 1 día por asociación ilícita.

Operación Alfa Carbón

El 23 y 24 de agosto de 1984 la Central Nacional de Inteligencia (CNI) llevó a cabo la operación Alfa Carbón que buscaba desarticular al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Concepción, Los Ángeles, Temuco y Valdivia. De acuerdo a los expedientes, el objetivo era "eliminar" a los dirigentes.

Según la abogada de los familiares de las víctimas, Magdalena Garcés: "Cuando se interpone un recurso de esta naturaleza, el TC tiene la facultad de suspender el proceso mientras resuelve el recurso. Son muchas las razones jurídicas por las que creemos que el TC no va a acoger el requerimiento. Sin embargo, nos preocupa que el Tribunal pueda suspender la vista de la causa, ya que la Corte Suprema ya comenzó la audiencia para conocer los recursos de casación de las defensas, lo que significaría dilatar la resolución de un juicio que lleva casi cuarenta años. La parte tuvo todo estos años para presentar su defensa y esperó que la causa estuviera ad portas de la Corte Suprema. En el fondo, consideramos que es una estrategia de la defensa de Patricio Castro para dilatar el proceso, apostando a la impunidad biológica o a la espera de tener una corte más favorable a sus intereses", de acuerdo a lo informado por Resumen.

De hecho, son más de 40 años los que han tenido que esperar las familias por una condena definitiva. Si bien la causa por la operación Alfa Carbón comenzó el 23 de agosto de 1984 en las fiscalías militares de Concepción y Valdivia, pasó a la justicia ordinaria recién en 2007.

El ministro en visita Carlos Aldana acumuló las causas de Valdivia, Concepción y Los Ángeles en 2011 y en 2018 condenó a diecisiete agentes de la CNI por el homicidio calificado de siete persones.

En 2022 la Corte de Apelaciones de Concepción ratificó la sentencia y la causa ingresó a la Corte Suprema y recién en 2023 se puso en tabla para ser vista en la Segunda Sala del máximo tribunal.

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