En las últimas semanas se ha evidenciado un aumento de delitos de diversa índole cometidos por funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ejército. Una problemática de corrupción que mantiene en alerta a las autoridades.

Sea por tráfico de armas o estupefacientes, robo o malversación de caudales públicos, entre quienes integran las Fuerzas Armadas y de Orden hay uniformados que incumplen con el propósito de velar por la seguridad del país.

Tal como adelantó El Desconcierto, en lo que va del mes, desde el 2 al 21 de octubre, se han conocido casos de al menos 21 funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Ejército que han sido detenidos, condenados, dados de baja o acusados por verse involucrados en diversos delitos.

Octubre comenzó con la ratificación de las primeras condenas en el caso de Fraude al Ejército, y culminó con la acusación contra tres altos mandos de Carabineros en el caso conocido popularmente como Pacogate, Bruno Villalobos, Gustavo González, y Eduardo Gordon.

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Al respecto, Daniel Soto, Coronel en retiro de Carabineros y consultor internacional experto en Derechos Humanos y seguridad, indica a El Desconcierto que los casos de delitos de uniformados de bajo rango estarían directamente relacionados con los cometidos por altos mandos.

“Desde mi perspectiva, los actos de corrupción de militares y policías de baja jerarquía han aumentado en los últimos años porque han sido alentados directamente por los malos ejemplos dados por las altas jerarquías de sus instituciones”, explica.

“Es sabido que el comportamiento ético de quienes están en la cúspide motiva a los de abajo a conducirse como ellos”, continúa.

Malos modelos de prevención del delito

Según el coronel en retiro, “las instituciones uniformadas tienen mal implementados sus modelos de prevención de delitos”, puesto que “hay problemas en la operacionalización de la ética de los valores militares o policiales a la práctica cotidiana”.

Además, señala que “no tienen buenos mecanismos de denuncia interna; carecen de sistemas de medición de desempeño profesional; no cuentan con controles cruzados efectivos; y tanto las pesquisas de asuntos internos, como la práctica de las indagaciones administrativas son deficientes porque son ejecutadas por personal sin competencias técnicas”.

“Sin lugar a duda, los fraudes del generalato del Ejército, de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, son los principales responsables del deterioro reputacional de sus organizaciones y de la gran parte de la nueva modalidad de corrupción de los funcionarios de más bajo rango. La falta de compromiso de los generales alentó la rapacidad de gente que no ha sido debidamente controlada por superiores desmotivados por el doble estándar de sus jefes”, agrega.

Investigación interna de las instituciones

Desde el Congreso, el senador Iván Flores, miembro de la Comisión de Seguridad Pública, señala a El Desconcierto que las instituciones deben hacerse cargo de la problemática, y que los castigos deben ser mayores.

“Si bien es cierto en números parecieran no ser tan significativos, el hecho de que estén apareciendo funcionarios de las policías o de las Fuerzas Armadas vinculados a delitos de narcotráfico, de venta de armas u otros, obliga claramente a que las instituciones se preparen para tener una propia investigación interna”.

Para el senador DC, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa deben empezar a “generar una manera de responder orgánicamente y también judicialmente, además del reforzamiento de la doctrina que debe estar marcada a fuego y en la piel de cada uno de los funcionarios”.

“De otra manera, los castigos tendrían que ser muchísimos más duros que cualquier civil, si alguien de las policías que están hechos para contener el delito, ocasionaren delito, la pena debería ser muchísimo más dura, y eso es un tema que vamos a tener que revisar”, concluye.