“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, que no respeta a nada ni a nadie”, señaló Sebastián Piñera la madrugada del lunes 21 de octubre de 2019 en relación a las manifestaciones iniciadas el viernes 18. Ese fin de semana se firmó el decreto supremo 472, por medio del cual se declaró estado de emergencia haciendo uso del artículo 8° de la ley 18.415 promulgada con la firma del dictador Augusto Pinochet en 1985. Declarándose por primera vez desde el retorno a la democracia estado de excepción constitucional por protestas sociales.

Posterior al horror de las masivas y generalizadas violaciones de derechos humanos ocurridas a partir del 18 de octubre se desechó esta interpretación, no había tal enemigo poderoso compuesto por grupos organizados como quisieron hacer parecer a los significantes vacíos de ACAB y Primera Línea.

Durante los dos primeros aniversarios del Estallido, 2020 y 2021, este evento histórico no fue disputado en su interpretación por las derechas. Todo eso cambiaría a partir del inicio de la presidencia de Gabriel Boric Font, produciendo un verdadero estallido, pero del negacionismo y el revisionismo.

En 2022 declararon al unísono desde Evópoli a Republicanos que lo que vivió Chile desde octubre de 2019 habría sido un estallido delictual, nada más que una ola de violencia e ilícitos inusitada en las costumbres patrias. Y ahora en 2023 declara Sebastián Piñera que su gobierno fue victima de un “Golpe de Estado no tradicional”, siendo respaldado por personeros de amarillos como Sergio Micco o Mario Waissbluth, banalizando el concepto mismo de Golpe de Estado, utilizando definiciones de la RAE a 50 años del Golpe de Estado más tradicional y ejemplificador del concepto, por su dramatismo y teatralidad. Cabe destacar que es el ejemplo que se utiliza en el libro “Cómo mueren las democracias” de los profesores de Harvard, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt.

Frente a esto desde la comisión de derechos humanos y memoria de Convergencia Social nos preguntamos cuál es el fin de estas interpretaciones, porque no puede ser una guerra un conflicto sin una contraparte organizada militarmente, la cual no hubo. Tampoco puede ser un estallido delictual porque en él se produjeron manifestaciones pacíficas destacadas por el mismo Piñera, como la marcha del 25 octubre en la cual concurrieron más de un millón de personas, y finalmente, no hay manera en que haya sido un Golpe de Estado porque no hubo una interrupción repentina, violenta e ilegal del gobierno democráticamente electo.

Lo que sí hubo fueron acusaciones constitucionales al Presidente de la República, Jefe del Estado y de Gobierno, y a sus Ministros de Estado, sus colaboradores directos e inmediatos. Estas acusaciones son una atribución del Congreso Nacional en la cual la Cámara acusa y el Senado juzga, como sucedió con Andrés Chadwick en diciembre de 2019 por "haber infringido gravemente la Constitución y las leyes y haber dejado éstas sin ejecución al omitir adoptar medidas para detener violaciones sistemáticas a los DD.HH.".

El revisionismo histórico es utilizado frecuentemente, así Gabriel Salazar junto a otros pudo reinterpretar las primeras décadas del Chile independiente y rescató la figura del General Ramón Freire, liberal derrotado en Lircay en 1830, y el periodo de ensayos constitucionales, anteriormente llamado anarquía para brindar de legitimidad la constitución conservadora de 1833. Pero ese tipo de reinterpretaciones históricas tienen cabida siempre y cuando sean producto de un análisis riguroso de los hechos y los datos, nunca de interpretaciones acomodaticias para escapar de la responsabilidad política que le corresponde a cada uno por los roles desempeñados durante el periodo bajo examen.

Esta es la finalidad que buscan las declaraciones del ex Presidente Sebastián Piñera, como Jefe de Estado y de Gobierno, y del ex Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, conductor de la institución que tiene por función la “promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en el territorio de Chile, establecidos en las normas constitucionales y legales; en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, así como los emanados de los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional” y que paradójicamente declaró en El Mercurio el 2 de mayo de 2020 que “no hay derechos sin deberes”, a lo cual cabría preguntarse ¿Qué deber incumplieron los cientos de personas víctimas de traumatismos oculares o las mujeres violadas en las comisarías para que no tuvieran derecho a tener visión en ambos ojos o a no ser victimas de violencia sexual por parte de agentes del Estado?

El Estallido Social de 2019 no puede interpretarse dejando de lado las masivas y generalizadas violaciones de derechos humanos cometidas principalmente, pero no únicamente, por parte de Carabineros de Chile, ya que también se deben contar aquellas que motivaron las demandas urgentes en materia de salud, educación, pensiones, vivienda y seguridad del pueblo de Chile.

Y estos dos puntos son los que las derechas convenientemente eligen olvidar al interpretar el estallido, porque ellos fueron los que mandaron al pueblo a “levantarse más temprano para ser favorecido con una tarifa más baja” en el transporte público, y que frente al alza de los alimentos de la canasta básica dijeron frívolamente que para buena fortuna para los románticos “las flores han caído un 3,6%”. El pueblo no olvida los motivos por los cuales se levanta, no lo hizo en 1983 ni lo hará hoy, a 4 años del Estallido Social.