El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se reunió con el embajador de Venezuela, Arévalo Méndez Romero, con el objeto de coordinar esfuerzos para acelerar los tiempos en los procesos de expulsión.

En esa línea, Monsalve se dio a conocer los resultados del empadronamiento biométrico y detalló que la mayoría de los ciudadanos extranjeros identificados son venezolanos.

"El gobierno empezó hace varios meses el proceso de identificación biométrica de ciudadanos extranjeros que estaban en situación irregular. Se inscribieron 212 mil personas, es decir, están entregando sus huellas, su rostro y un nombre. Llevamos cerca de 100 mil personas que han sido identificadas biométricamente y el 89% personas son venezolanos"

Además, precisó que el empadronamiento no sólo permite conocer los datos de los extranjeros que ingresan al país y se mantenían en situación irregular, sino que además posibilita establecer los antecedentes penales de cada persona.

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La autoridad también informó que espera viajar a Venezuela como parte de la estrategia de ambos países sobre la materia a finales de noviembre o inicios de diciembre. Asimismo, informó que dentro de las próximas semanas se espera que los mandatarios de cada país se reúnan.

Expulsiones

Monsalve se refirió a los procesos de expulsión y explicó que actualmente se desarrollan de dos formas. 

En primer lugar se encuentran las expulsiones judiciales, en las que aquellas personas que están cumpliendo una condena en un recinto penitenciario son expulsados una vez terminen de cumplir su pena. 

"La limitación es que esas personas pueden ser retenidas hasta cinco días de acuerdo a la legislación que tramitamos como gobierno" precisó Monsalve, y adelantó que a raíz del acuerdo con el gobierno venezolano existe el compromiso de entregar todos los documentos necesarios y en el tiempo estipulado para ejecutar la expulsión.

"Llevamos 453 expulsiones de carácter judicial", puntualizó.

Sobre este punto, desde el gobierno de Venezuela se comprometieron a entregar los salvoconductos en menos de cinco días.

El segundo caso son las expulsiones de carácter administrativo, en las cuales el gobierno tiene 48 horas para ejecutar la expulsión, por lo que es necesario contar con los salvoconductos de consulado venezolano para que la salida de las personas se pueda producir durante dicho periodo. 

"Cuando no se tienen, esas personas tienen que ser dejadas en libertad y después cuesta mucho volverlas a ubicar para expulsarlas", detalló Monsalve.

Por ello se formalizó un acuerdo diplomático entre ambos países para obtener dicho documento en un plazo inferior a las 48 horas, lo que les permitirá "ser más eficientes al ejecutar las expulsiones".

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