“Ley pareja no es dura”, dice el viejo adagio respecto a la aplicación de las normativas legales a cualquier tipo de infractor, independiente de su raza, clase social o lugar de procedencia.

Es precisamente esta disyuntiva la que enfrentaría el senador Rodrigo Galilea, en medio de la polémica entre el gobierno y la oposición, en el marco de la reciente tramitación de la Ley de Usurpaciones.

Esto debido a que una de las empresas del presidente de Renovación Nacional, Agrícola y Comercial El Volcán, es dueña de un terreno que habría usurpado un camino público de carácter prehispánico en la séptima región.

La vía ancestral que une -unía hace 20 años- a Villa Alegre y Yerbas Buenas, todavía no ha sido restituida a la comunidad, pese a existir una resolución de la dirección de Vialidad del Maule que ordenó la apertura en febrero de este año, incluso con auxilio de la fuerza en caso de ser necesario.

[caption id="attachment_794983" align="aligncenter" width="900"] Agencia Uno[/caption]

El debate respecto a la ley se ha centrado en el endurecimiento de penas por ocupaciones ilegales de inmuebles públicos o privados -con penas privativas de libertad- y garantías de legítima defensa privilegiada, figura que reivindica la restitución de bienes por “propia mano”.

El gobierno ingresó el viernes un veto presidencial a la ley que será tramitada este miércoles en el Senado, buscando eliminar el principio de autotutela. La ministra del Interior, Carolina Tohá, comentó que la iniciativa pretendía evitar que los civiles pudieran exigir sus derechos a partir de la violencia.

Rodrigo Galilea hasta ahora no se ha inhabilitado -se lo consultamos pero no respondió- y tampoco se ha restado del debate público. Hace poco dijo que la medida era un paso en falso del gobierno en la agenda de seguridad y que tenían “legítimas dudas” sobre el compromiso real de cerrar las llaves a “conductas indeseadas que afectan la seguridad de los chilenos”.

Usurpación al fisco

Al margen de las casas anegadas en Curicó -otro caso vinculado a una empresa de Galilea- nadie ha preguntado al senador sobre el litigio acerca del viejo camino colonial llamado “Esperanza-Putagán por Pata de Vaca”, pese a ser entrevistado en innumerables ocasiones, sobre todo luego de ser electo presidente de Renovación Nacional.

Para Patricio Herman, presidente de Fundación Defendamos la Ciudad, Galilea debería inhabilitarse. “Si se hace el díscolo y desacata lo resuelto por la autoridad competente, quiere decir que estamos muy mal con su ejemplo”, asegura.

La oposición ya anticipó que rechazarán la propuesta de veto presidencial y el gobierno, en caso de imponerse, fraccionará en varios vetos la propuesta general aprobada el pasado 9 de agosto, a partir de una escala de sanciones que irían desde multas a presidio efectivo. Instancia que, en último caso, sería definida por un juez.

Porque eso de “tomar la justicia por su propia mano”, dice la diputada por el Maule Consuelo Veloso, es un riesgo que puede agudizar la violencia. “No debemos olvidar que hay parlamentarios de derecha que ocupan terrenos de manera ilegal, que ya han sido requeridos por las autoridades y que aun así se niegan a devolverlos”.

[caption id="attachment_308536" align="aligncenter" width="2560"] El senador Rodrigo Galilea (sentado). / Fuente: Agencia Uno.[/caption]

“No se pueden hacer distinciones y aplicar las leyes antojadizamente”, enfatiza la parlamentaria de Revolución Democrática, “ni menos castigar sólo a un sector social, el más vulnerable, a través de sanciones desproporcionadas y que incentivan el conflicto social. Debemos poner atención a todos aquellos que creen que por su estatus están exentos de cumplir la ley…”

Jaime Naranjo, diputado socialista por la séptima región, aseguró a El Desconcierto que en caso de aprobarse la ley, espera que los terrenos puedan ser devueltos definitivamente a la comunidad.

“Esperemos que las autoridades hagan valer la ley, porque hemos enviado diversos oficios a Vialidad, escuchando el sentir de las organizaciones sociales en la necesidad de que pueda abrirse ese camino, que es de mucha utilidad para la gente que vive entre ambas comunas”, acota.

Para el abogado Maurizio Daza hay algo muy interesante en el caso Galilea, pues al ser  protagonista de un delito de usurpación al fisco, “cualquier ciudadano podría concurrir físicamente al lugar y repeler por la fuerza esta ocupación ilícita”.

El exconvencional asegura que la legítima defensa privilegiada de terceros, en beneficio del fisco, “perjudica a quienes están ocupando ilícitamente un inmueble público que puede ser un camino. Entonces, claro, podría haber algún conflicto en el sentido de respaldar el veto para eliminar esa posibilidad”.

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