La comunidad científica ha entregado sólida evidencia para justificar la urgente necesidad de contar con una legislación que permita proteger los ecosistemas costeros.

Hoy se encuentran altamente amenazados por la urbanización descontrolada en el litoral y los impactos del cambio climático, sin embargo, el Consejo Constitucional aprobó ayer nuevas enmiendas que establecen que los bienes nacionales de uso público, entre ellas las playas, podrían ser concesionadas a privados.

¿Qué implica este anuncio? Para los expertos en ecosistemas costeros es un retroceso abrumador tanto para el medioambiente como para los derechos fundamentales como el acceso público a nuestro territorio nacional. “Que las playas que hoy son públicas sean concesionadas implica que el acceso universal desaparece, al transformarse en ‘derecho de propiedad’. El uso de los ecosistemas, además, nuevamente quedará al albedrío de quién posea la concesión y no de una legislación que garantice su protección”, explica Carolina Martínez, académica de Geografía UC y directora del Observatorio de la Costa.

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A juicio de la experta, “que se establezca la concesividad de los bienes nacionales de uso público a nivel constitucional debilita gravemente la garantía de uso libre e igualitario que le corresponde a todos los habitantes del país sobre dichos bienes, entre otros, las playas. Esto porque el acceso a esos ecosistemas podría quedar supeditado a la voluntad de quien posea la concesión, desnaturalizando completamente la propia categoría de bien nacional de uso público, pues se trataría, en la práctica, de bienes privados”.

Ley de Costas

A juicio de la experta, estas enmiendas no solo van en contra de la propuesta de Ley de Costas que lidera el Observatorio de la Costa junto a otros centros científicos –la cual llama a trabajar en una gestión integrada y sostenible de la costa–, sino que, además, contradice la actualización de la Política Nacional de Uso del Borde Costero, que se lleva adelante en estos días. Esta política está incorporando una visión ecosistémica y reemplazando el concepto de “borde” por el de “zona costera”, como ha sido sugerido desde hace años por el Observatorio de la Costa a través de su trabajo científico.

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Esa gestión integrada de la costa planteada en la moción de Ley de Costas, que aún se discute en el Congreso, también se contradice con anuncios recientes del Ministro de Hacienda, que busca impulsar la inversión anunciando “reformas legales a dos de los permisos que presentan mayor nivel de retraso, en particular, en el caso de las concesiones marítimas, se propone traspasar esa facultad desde el Ministerio de Defensa al de Bienes Nacionales”.

Este último es un Proyecto de Ley sobre Administración del Borde Costero y Concesiones Marítimas”, ingresando en julio de 2012 por el Gobierno de Sebastián Piñera, que busca fomentar la inversión inmobiliaria en las zonas costeras –incluidos ríos y lagos navegables. Esto a juicio de Carolina Martínez, también representa un retroceso para la preservación de los ecosistemas costeros y un riesgo considerando la necesidad de adaptación a fenómenos climáticos que se harán más intensos en el futuro.

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