Flavia Torrealba, presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, se refirió al escándalo desatado por la embajadora de Chile en Gran Bretaña, Susana Herrera, quien fue designada con el respaldo de la FRVS.

Herrera se instaló en el ojo público luego de que un reportaje de La Tercera revelara que la arquitecta y diseñadora de muebles de madera solicitó, según se ha cuestionado, de manera irregular y utilizando su cargo en la embajada, financiamiento estatal para un proyecto de su autoría en la Región del Biobío.

Según se argumentó, la iniciativa estaría orientada a la “restauración (de los territorios afectados por los incendios forestales del verano pasado) basado en bioeconomía circular e infraestructura de madera para formación de capacidades locales sostenibles en la Región de Biobío”.

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“Este proyecto puede marcar un hito en la relación entre nuestros países, siendo una nueva forma de hacer diplomacia en la que primen los territorios, los beneficios compartidos y el trabajo conjunto en apoyo directo a las comunidades”, escribió Herrera directamente al gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, para pedir los fondos en una carta con el sello de la embajada.

Al respecto, Torrealba señaló que descarta “cualquier irregularidad en la gestión del proyecto destinado a realizarse en Santa Juana y que estaba coordinando y gestionando la embajadora de Chile en Reino Unido, Susana Herrera”.

“Este es un proyecto que no alcanzó a ver la luz, es una serie de conversaciones que se hicieron a instancias del rey Carlos III para apoyar a las comunidades que habían quedado arrasadas por los incendios”, explicó.

Un “invento”

Agregó que “estas conversaciones se detuvieron una vez que estalló el caso Democracia Viva para no hacer correr riesgos y no confundir a la opinión pública y a la fundación del rey carlos III con los escándalos que se están desatando en algunas regiones del país”.

La dirigenta política aseguró que este tema, además, está “completamente informado”. “Todos los pasos que dan los embajadores están informados en la Cancillería, los antecedentes están a la vista de todos. Y por cierto, este es un proyecto que está destinado a ser ejecutado por fondos públicos y privados y por gestores públicos y privados”, dijo.

Es por esto que “de ninguna forma y en ninguna manera, ni directa ni indirectamente, beneficiarían a la embajadora, que por cierto está severamente dañada con este invento”.

La precaución de Cancillería

Según el reportaje, Susana Herrera se comunicó con el jefe de la Dirección de Asuntos de Europa de la Cancillería, embajador Francisco Gormaz Lira, para darle a conocer sobre la iniciativa y su carta enviada al gobernador Díaz.

Tan pronto se enteró del proyecto, Gormaz le ordenó a la embajadora detener sus gestiones al respecto. Paralelamente, desde Relaciones Exteriores indicaron que el ministerio “está pendiente del desempeño de sus embajadores y embajadoras, así como del cumplimiento de los objetivos fijados para sus misiones en el exterior”.

“Para llevar adelante un control de gestión, la Cancillería cuenta con mecanismos que le permiten actuar con la celeridad requerida para resguardar los intereses de nuestro país. En este caso, esos mecanismos están activados, y se están recabando todos los antecedentes necesarios”, señalaron.

En relación a esta situación particular, explicaron que aún “no podemos referirnos a instrumentos o detalles específicos, ya que se trata de procedimientos que exigen reserva”.