El Presidente Gabriel Boric detalló esta semana los lineamientos del Pacto Fiscal para el Desarrollo y el Bienestar de Chile, que considera un aporte al crecimiento, la reforma del Estado, el fortalecimiento de la fiscalización tributaria y los impuestos pagados por sectores de mayores ingresos para financiar los “gastos sociales urgentes” del país. 

La propuesta surgió en reemplazo de la reforma tributaria que no alcanzó los votos en la Cámara para aprobar su idea de legislarla, lo que motivó al gobierno a ingresar una iniciativa elaborada a partir de diálogos transversales con múltiples actores. 

Equidad, neutralidad y simplicidad

Consultado por El Desconcierto, el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, José Tello Ávila, catalogó la iniciativa de “muy buena” para “una parte importante de los contribuyentes de nuestros país y está en línea con las características deseables de cualquier sistema tributario: equidad, neutralidad y simplicidad”. 

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Sobre todo dado que para Tello, la “propuesta anterior estaba más enfocada en gravar los grandes patrimonios que en tener un sistema tributario que dé certeza y estabilidad”, por lo que se espera que Pacto Fiscal sí pueda aunar a las fuerzas políticas para su aprobación en el Parlamento. 

Críticas desde la oposición

Sin embargo, tanto RN como la UDI se mostraron reacios a la nueva propuesta del Ejecutivo que, entre sus puntos, busca aumentar los impuestos a ciertos sectores de la población, mientras que el senador  gremialista Javier Macaya condicionó el apoyo de la bancada a responsabilidades derivadas del Caso convenios. 

“Hasta que no haya un cumplimiento de responsabilidades políticas relevantes, no va a haber pacto, que además se hace con trampa”, sostuvo el también presidente de la UDI.

Para el académico de la Universidad de Talca dichas trabas son preocupantes, pues la clase política “está enfrascada en un diálogo de sordos” donde existen ciertos personajes políticos que “usan esto como moneda de cambio para lograr otros propósitos”. 

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Líneas rojas

Similar apreciación tiene Claudio Parés Bengoechea, académico del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción, quien considera que uno de los mayores problemas es la falta de reconocimiento de demandas conjuntas, además de la urgencias que estas tienen para ser aprobadas.

“Las fuerzas políticas ven espacio para negociar y plantear lo que consideran correctas, muchas veces en desmedro de una solución rápida y práctica del problema”, señaló y agregó que existen ciertas “líneas rojas” que las partes no están dispuestas a cruzar, como ocurrió en un principio con la reforma tributaria que no prosperó en el Congreso. 

Medidas del Pacto Fiscal

Aunque así como está, para Tello la propuesta va en la línea correcta, pues apunta principalmente a “simplificar el sistema de cálculo, declaración y pago de los tributos para las micro y pequeñas empresas, incluyendo las obligaciones por leyes sociales de estas”, lo que además es una buena señal para para las Pymes. 

“Considerando que la Ley 21.420 de 2022 modificó el Hecho Gravado Básico de los Servicios afectos al Impuesto al Valor Agregado (IVA), la recaudación por este tributo debiera incrementarse notoriamente. Por tanto, eximir de este impuesto a las micro y pequeñas empresas por 24 meses en magnitudes decrecientes, es coherente con el principio de equidad que debe regir en todo sistema tributario”, aclaró. 

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Respecto al aumento de los impuestos a los sectores que tienen mayores ganancias, Parés manifiesta que podría ir de la mano con una reducción del IVA, y “aumentar tanto las tasas marginales de impuesto a la renta como la base tributaria, es decir, reducir considerablemente el tramo exento”. 

Mientras que para Tello, la propuesta del aumento de los impuestos responde a la “equidad fiscal” y al “principio transversal” presente en los sistemas tributarios de los países más avanzados en desarrollo social del mundo. 

Sobre todo, pues los recursos –de acuerdo al académico– contribuirían al gasto fiscal en materia de seguridad y a “apalancar” a la clase media y los sectores más desposeídos del país en materia de pensiones, salud y educación.

Medida de lo posible

Si bien ambos expertos coinciden en que es muy probable que la iniciativa se apruebe, uno de los grandes problemas que podría enfrentar es que "se caigan algunas de las medidas y se modifiquen otras, todo 'en la medida de lo posible'", argumentó Parés.

Para Tello, "es muy probable que la clase política no atienda de buena manera estas iniciativas" por las distintas condiciones o trabas que cada bancada pueda poner en el camino. "Si la clase política no hace un esfuerzo por enfocar su atención a los problemas importantes, vamos a pasar al 2024 sin un plan de estímulo fiscal urgente", advirtió el académico.

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