En una nueva arista del entramado legal derivado del caso de Democracia Viva, la justicia ordenó a retención de los fondos de la cuenta bancaria de la fundación representada por Daniel Andrade, decisión adoptada en respuesta a la solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE), ante el riesgo de que esta no cumpla con la devolución de los dineros entregados.

La fundación, operada por militantes RD, firmó tres convenios con el Ministerio de Vivienda por un monto total de $426 millones.

La entidad impugnada, había rechazado devolver legalmente a la Seremi de casi 391 millones de pesos, que representa el 92% de las platas fiscales asignadas por trato directo a fines del año pasado. Mismo que según las autoridades no habían sido rendidos.

Sin embargo, la medida solicitada este miércoles al Primer Juzgado Civil de Antofagasta fue concedida de inmediato con el objetivo de congelar los fondos transferidos a la cuenta corriente de BancoEstado, entidad financiera a la que ya se le notificó de la resolución.

“Buena parte de los convenios de transferencia a fundaciones no tienen boletas de garantías, y esto tiene una serie de efectos”, advirtió previo a la determinación judicial el ministro de Justicia, Luis Cordero.

El mismo que aseguró que "el hecho de que estos convenios de transferencia no tengan boletas de garantías, es un mecanismo que venía desde hace algún tiempo que dificulta situaciones como estas".

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Incumplimiento grave

Respecto de la solicitud de carácter cautelar, esta requirió la retención de bienes sin audiencia previa ni notificación a la fundación, y está basada en una serie de antecedentes calificados como causales graves que exige el artículo 279 del Código de Procedimiento Civil, lo que le otorgó respaldo a la acción.

“Confrontados con la situación patrimonial de la fundación Democracia Viva, permite sostener la existencia de un riesgo evidente de que esta no cumpla con la obligación de restituir la cuantiosa suma debida al Fisco de Chile”, explicaron desde el CDE.

La entidad agrega que la petición tiene su génesis “en el incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por la mencionada fundación en virtud de tres convenios celebrados con la SEREMI de Vivienda y Urbanismo y el Serviu de la Región de Antofagasta, mediante los cuales le fueron transferidos $426 millones para la ejecución de proyectos de habitabilidad primaria en campamentos”, por lo que, atendiendo al cese anticipado de ellos, Democracia Viva "se encuentra en la obligación de restituir los montos no rendidos".

Fundación responde

Tras conocerse la embestida legal, la menciona fundación alegó que, "el ministerio de Vivienda y Urbanismo nunca nos solicitó boletas de garantía, cuestión que sí hicimos como Fundación respecto de las constructoras que contratamos para dar cumplimiento al convenio".

Agregando que "no nos opondremos", en referencia a la orden judicial del tribunal antofagastino para evitar la retención de los fondos transferidos.

La Fundación Democracia Viva es representada por el presidente de su directorio, Daniel Francisco Andrade Schwarze, exmilitante de Revolución Democrática (RD).

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