Este jueves Francisco Huenchumilla (DC), vicepresidente del Senado, envió a la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, una serie de observaciones al anteproyecto constitucional elaborado por la Comisión Experta, evidenciando su visión respecto de los derechos incorporados y omitidos, además de algunas observaciones sobre materias específicas del Poder Legislativo y a la futura Corte Constitucional.

Dejando claro que las apreciaciones las efectúa a título personal y, por lo tanto, de ninguna manera en su rol de vicepresidente de la Cámara Alta, apunta detalladamente a los efectos de algunas normas propuestas, refiriéndose, entre otras materias, al control de constitucionalidad y los nombramientos de una serie de autoridades, incluyendo a la futura Corte Constitucional.

Entre las valoraciones al anteproyecto, Huenchumilla destaca que instala al Estado Social de Derecho como “pilar de cambio social”, recalcando además que perfecciona el modelo económico, al exigir una auténtica libre competencia o que se introducen mecanismos de participación democrática semidirecta.

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Huenchumilla destaca nuevos derechos sociales

Paralelamente, Huenchumilla destaca la incorporación de cuatro derechos sociales nuevos, que son vivienda adecuada, derecho al agua y al saneamiento, derechos de los consumidores y derecho a un trato estatal digno, sumando el perfeccionamiento de los derechos sociales, especialmente los laborales, de la mano de la inclusión del derecho al trabajo decente, la igualdad salarial entre hombres y mujeres y el derecho de huelga para funcionarios públicos.

Respecto de los cuestionamientos, el parlamentario recalca la “insuficiencia” de una “idea central de libertad”, un avance “menor” en perspectiva de género, la omisión de derechos sociales “sensibles”, caso del derecho de cuidados,  y la advertencia de que el anteproyecto contiene un “riesgo de constitucionalización de las AFPs e isapres”.

Y en cuanto a los consensos los acuerdos, el parlamentario alude a que “los amplios y sólidos acuerdos implicaron renuncias para todos los sectores involucrados, aun cuando las renuncias de la derecha pueden ser meramente aparentes porque el Consejo, de mayoría republicana, puede subsidiar esas omisiones.”

Siguiendo con sus observaciones, recalca que “las renuncias de centroizquierda no hay cómo recuperarlas, las de la centroderecha y, por lo mismo, el peso político de respetar el anteproyecto reside en ese sector”.

Eliminación del control preventivo tendría “alto precio”

En otro ámbito, Huenchumilla cuestiona el “alto precio” que tendría la eliminación del control preventivo y obligatorio de la constitucionalidad de los proyectos de ley. “Introduciría a la Corte Constitucional en todo el procedimiento de formación de la ley”, asegura.

Por otra parte, critica que la futura Corte tenga injerencia en la creación de leyes sobre vicios relacionados con faltas a la Ley Institucional del Congreso.

En consecuencia, Huenchumilla apela a propuestas como eliminar la facultad de control de vicios legales y de competencia respecto de la Ley Institucional del Congreso Nacional de la Corte, acotándola a la sola injerencia sobre infracciones a la Constitución.

Asimismo, evidencia su disconformidad con el establecimiento del vicio por iniciativa exclusiva del Presidente, y apunta a eliminar el control del vicio de competencia y la función consultiva de la futura Corte, dado que debilitaría el sentido de garantizar la supremacía constitucional en la resolución de conflictos.

Finalmente, Huenchumilla asegura que la selección de ministros al TC, labor a cargo de la Corte Suprema, supone un “excesivo” peso para esta instancia. De esta manera, propone “pluralizar” el proceso de nombramiento de los miembros de la Corte Constitucional, involucrando a la Cámara, al Senado y a la Corte, escogiendo tres miembros cada entidad, y totalizando nueve para el órgano.

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