Durante la mañana de este miércoles, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), junto con la ministra de Ciencias Aisén Etcheverry, expusieron sobre la Comisión Asesora contra la Desinformación ante la Comisión de Constitución del Senado.

La presentación de las secretarias de Estado guarda relación con la serie de cuestionamientos que ha recibido la iniciativa por parte de la oposición, que ha criticado que la implementación de una Comisión Asesora chocaría contra el derecho a la libertad de expresión.

Así lo dejó en claro el senador Evópoli Luciano Cruz-Coke, quien expresó en la cita que fue “sorpresivo” para el Congreso enterarse de esta comisión, “dados los cuestionamientos que generalmente existen sobre la base de la participación de los gobiernos en determinar aquello que es cierto o que es falso”.

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Desde su publicación en el Diario Oficial el pasado 20 de junio, día que se anunció públicamente esta comisión, representantes de la derecha han encendido todas las alarmas en torno a una supuesta “censura” de la mano de la iniciativa asesora.

El revuelo llegó al punto de oficiar a la Contraloría General de la República, órgano fiscalizador que no detectó “ningún problema en la creación y en la dictación de ese decreto”, de acuerdo con lo expresado por el contralor Jorge Bermúdez.

En ese contexto, el gobierno ha movilizado sus esfuerzos para tranquilizar a los detractores de la idea, incluso retrocediendo en sus atribuciones. De acuerdo con lo que quedó de manifiesto en su primera sesión, celebrada el martes, la comisión no asesorará a medios de comunicación, tal como se había señalado en un principio.

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Respecto a las motivaciones detrás de la iniciativa, la ministra Vallejo explicó en el Senado que “una de las cosas que no hemos querido hacer, entendiendo en que hay que abordar este fenómeno, era simplemente pedir una propuesta de política pública o regulatoria a los asesores gubernamentales, o sea a nuestros propios asesores”.

En ese sentido, se refirió a la importancia del espacio frente al trabajo legislativo, a la hora de patrocinar o respaldar proyectos de ley alusivos a la desinformación por parte del Ejecutivo.

“Tenemos ya varios proyectos de ley en el Congreso Nacional para enfrentar la desinformación o las fake news, que van desde la UDI hasta el Partido Comunista. O sea, transversalmente se han presentado distintas iniciativas, y el problema es que gran parte son muy punitivas, hablan incluso de establecer penas de cárcel cuando se comparte una información que es errónea o falsa”, explicó.

Es por esto que “no hemos querido patrocinar proyectos o presentar uno propio sin antes tener una instancia de expertos y expertas que aborde, desde la ciencia y la expertise, este tema para luego abrir un debate político en la materia”.

Recomendaciones de la OCDE

Además, la ministra Vallejo citó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que ya alertó acerca de la desinformación como una problemática mundial, según lo que se ha observado en torno a temáticas como cambio climático, pandemia del COVID-19, o la guerra entre Rusia y Ucrania.

Según indicó el organismo, la capacidad del público para usar y compartir información que dispone está limitada por la proliferación de contenido falso y engañoso, tanto en línea como fuera de línea. “O sea, hay mucho ruido en la información, y mucho de eso es información errónea y falsa”, agrega.

Señala la OCDE, el 2020, que los gobiernos harían bien en considerar un curso de acción más completo, explica la secretaria de Estado.

Esto, “para abordar el problema de la desinformación y combinar intervenciones directas o indirectas en términos de gobernanza para garantizar el acceso a información veraz y fiable, y frenar la difusión de contenidos peligrosos”.