El perjuicio económico en el caso abierto contra el expresidente Alejandro Toledo por los sobornos recibidos presuntamente para adjudicar la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica sur a la empresa Odebrecht fue de más de 403 millones de dólares, según afirmó este lunes la Procuraduría del Estado para los casos vinculados al escándalo Lava Jato en Perú.

La representante de la Procuraduría pidió al juez Richard Carhuancho que se incremente el perjuicio patrimonial provocado al Estado por este caso, de los 233 millones de dólares estimados por la Fiscalía, a más de 403 millones de dólares porque "no se han tomado en cuenta los informes periciales" que figuran en el expediente de la acusación.

En ese sentido, el juez admitió el pedido y el fiscal José Domingo Pérez dijo que procederá a realizar la corrección correspondiente en ese punto.

Este lunes, el magistrado realizó la audiencia de control de requerimiento mixto contra el expresidente Toledo y otros investigados por el delito de lavado de activos, en el caso Interoceánica, por el que la fiscalía pide una condena de 20 años y 6 meses contra el exmandatario, extraditado el domingo de Estados Unidos.

Toledo se ausentó de la diligencia y coordinó esta decisión con sus abogados, según informó a la sala, de manera virtual, el jefe de seguridad del penal limeño de Barbadillo, William Antezana, donde el exgobernante ha sido recluido desde la noche del domingo.

Sin embargo, al final de la audiencia, el juez Carhuancho le pidió a su defensa, presente en la sala, que haga "la gestión para que se contacte" en la siguiente audiencia de mañana, martes, en la que su abogado presentará unas 40 observaciones a la acusación fiscal.

"Vamos a oficiar a (la prisión de) Barbadillo y ahí se informa si se conecta o no", indicó el magistrado.

Durante la audiencia, los abogados de los demás imputados presentaron una serie de observaciones a la acusación de la Fiscalía por los delitos de colusión y lavado de activos, derivados de las presuntas coordinaciones hechas por Toledo, exfuncionarios, empresarios y representantes de la constructora Odebrecht en Lima para adjudicar la carretera Interoceánica a esa compañía durante su gobierno (2001-2006).

Así, la defensa del exfuncionario Sergio Bravo pidió que se aclare la imputación de colusión en su contra, dado que una de las funciones de esta persona era precisamente participar en el proceso de adjudicación de las empresas, pero el juez consideró que se trata de un delito en calidad de funcionario público.

En el caso del exjefe de seguridad de Toledo, el israelí Avrham Dan On, su abogado pidió que el fiscal precise las circunstancias en que coordinó la entrega de los supuestos sobornos con el representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, a lo cual el juez agregó que el representante del Ministerio Público precise cómo participó en el "pacto colusorio".

Durante la audiencia, la procuradora también pidió al juez que evalúe si es factible "la sumatoria de penas" por cada una de las modalidades de lavado de activos, pues en este caso se usaron "cinco modalidades" a través de empresas utilizadas para el cobro de los presuntos sobornos y para las transferencias destinadas a la compra de inmuebles.

El juez anunció que el control de requerimiento mixto continuará el martes con la intervención de los abogados de Toledo, que tendrán a su cargo la presentación de unas 40 observaciones a la acusación fiscal, tras lo cual el representante del Ministerio Público establecerá un plazo para absolver todas esas observaciones y seguir con el proceso.

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