Si algo enseñó el caso Riggs, es que cuando se trata de la fortuna de Augusto Pinochet la historia nunca acaba donde termina el testamento.
Hay familias que discuten por una casa. Los Pinochet Hiriart discuten por un pequeño imperio inmobiliario construido alrededor de ocho propiedades, sociedades chilenas y extranjeras, paraísos fiscales y rentas.
De acuerdo a El Mostrador, el episodio más reciente comenzó con una imputación por maltrato habitual presentada por Jacqueline Pinochet Hiriart contra su hermano Marco Antonio Pinochet Hiriart. A petición de la Fiscalía Oriente, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo el pasado 7 de septiembre, luego de que la fiscal Alexandra Maldonado estimara que los hechos denunciados —entre ellos, la imposibilidad de Jacqueline de acceder al lugar donde descansan los restos de su padre— “no revisten carácter de delito”. Jacqueline apeló el 11 de septiembre, mediante su abogado Jorge García, por lo que esa controversia todavía deberá ser revisada por la Corte de Apelaciones.
Asimismo, en la Fiscalía de Las Condes continúa una investigación por eventuales delitos de administración desleal y apropiación indebida vinculados con parte del patrimonio de Augusto Pinochet. Y allí aparece el verdadero corazón de esta historia: ocho inmuebles cuyo valor actual se estima entre $4.000 millones y $5.200 millones.
Son propiedades ubicadas en Vitacura, Viña del Mar, Valparaíso, Iquique, Puente Alto y San José de Maipo, incluyendo departamentos, una oficina y una parcela de 13 hectáreas en El Melocotón Alto. Los antecedentes del caso Riggs establecen que fueron adquiridas entre 1995 y 2003, directamente por Augusto Pinochet o mediante sociedades relacionadas con él.
En 1995, Pinochet compró un departamento en Iquique y cuatro años después se lo vendió a Belview Internacional S.A., sociedad cuyo beneficiario final era él mismo. El inmueble de Viña del Mar fue adquirido en 1997 y posteriormente transferido a Abanda Finance Ltd., constituida en las Islas Vírgenes Británicas, cuya estructura societaria conducía nuevamente hacia Belview y hacia Pinochet. La sentencia del caso Riggs documentó precisamente la utilización de estructuras societarias en Chile y en jurisdicciones offshore para organizar el patrimonio familiar.
El caso Riggs terminó con la decisión de la Corte Suprema de decretar el comiso de US$1.621.554,46 de bienes de propiedad de Pinochet o de sus sociedades.
La acusación de Jacqueline sostiene que, después de la muerte de Pinochet, Lucía Hiriart, entregó a Marco Antonio un mandato de administración de bienes el 10 de octubre de 2014. Según la querella, ese mandato expiró con la muerte de Hiriart, el 16 de diciembre de 2021, pero las propiedades habrían continuado siendo arrendadas a nombre de Marco Antonio.
El caso de El Melocotón resulta especialmente ilustrativo. El predio de 13 hectáreas había sido arrendado desde 2009 a la Universidad San Sebastián, que allí impartía su carrera de Ingeniería en Gestión de Expediciones y Ecoturismo. En mayo de 2023 se modificó el contrato y, hasta el término del arriendo en diciembre de 2024, el canon mensual habría sido de 250 UF. Durante ese período se habrían pagado más de $160 millones.
A ello se agregan otros $220 millones que la querella atribuye a depósitos relacionados con los arriendos de las otras propiedades durante los últimos cinco años.
El resultado: al menos $380 millones en rentas, según la acusación de Jacqueline, de los cuales ella sostiene no haber recibido dinero alguno.
La defensa de Marco Antonio Pinochet entrega una versión distinta: sostiene que Jacqueline habría recibido dinero antes de la muerte de su madre y que, además, habría renunciado a la herencia materna, razón por la cual no le corresponderían determinadas rentas.
Thomas Piketty ha señalado que la riqueza no se reproduce solamente mediante el trabajo o la creación de nuevos bienes; también se perpetúa mediante la acumulación patrimonial y la transmisión de activos entre generaciones.
Durante años Chile discutió el origen de la fortuna de Augusto Pinochet, las cuentas del Riggs, las sociedades offshore, los dineros cuyo origen no pudo ser justificado y las complejas estructuras utilizadas para mantener determinados activos lejos de la mirada pública. El caso Riggs estableció judicialmente la existencia de bienes y estructuras vinculadas a ese patrimonio y terminó con un comiso millonario.
Tras tantos años hablando de delitos, violaciones a los derechos fundamentales y un patrimonio mal habido, la familia que alguna vez estuvo en el centro del poder nacional nuevamente desfila en tribunales.
Si existen $380 millones en rentas, ocho propiedades valorizadas hasta en $5.200 millones, sociedades constituidas en las Islas Vírgenes Británicas y una investigación vigente por administración desleal y apropiación indebida, entonces corresponde que la justicia siga cada peso hasta el último destino.
Si algo enseñó el caso Riggs, es que cuando se trata de la fortuna de Augusto Pinochet la historia nunca acaba donde termina el testamento.
