Luego de una sesión extraordinaria, el Consejo y Directorio de la Asociación Nacional de Fiscales solicitó al fiscal nacional, Ángel Valencia, que suspenda la implementación del denominado “criterio Valencia”, detalla un comunicado de la entidad gremial.
Lo anterior luego de que se anunciara un nuevo instructivo para prisión preventiva para todos los extranjeros indocumentados detenidos, en reacción a la grave crisis de seguridad que atraviesa el país, donde las últimas semanas han sido asesinados tres carabineros.
“Sabemos que para el enrolamiento de imputados, el Registro Civil cuenta con una sección que se encuentra radicada sólo en la Región Metropolitana", asegura la agrupación argumentando su decisión.
De acuerdo a la experiencia, detalla, “actualmente, este trámite puede demorar entre dos y tres meses, plazo que muchas veces es el que los tribunales fijan como plazo de investigación, particularmente en casos de menor complejidad”.
Respecto de la solicitud formalizada por escrito, Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, detalla que lo que se requiere es disponer de apoyo técnico y operativo desde el Registro Civil.
“Los esfuerzos debieran de estar más bien dirigidos a instar por la mejora de los procesos de enrolamiento (procedimiento de tramitación y recursos disponibles), que en someter el proceso penal a las carencias del mismo", asegura.
Adicionalmente, la asociación considera pertinente solicitar “que se precise el alcance del referido oficio a casos, tales como, la detención de adultos mayores, embarazadas o personas con capacidades diferentes o con situaciones médicas delicadas y, en especial, la situación de niños, niñas y adolescentes, en los casos que -conforme al artículo 32 de la Ley 20.084– no pueden ser sometidos a internación provisoria, salvo delitos que merezcan pena de crimen”.
“Si tal medida no admite excepción alguna en casos de delitos con penas de multa o cuyas penas -en abstracto- sean propias de la aplicación de un procedimiento simplicado; lo que conocemos como delitos bagatelarios", agregan.
Y en relación a este punto, se transparenta la preocupación del gremio “en orden a repetir experiencias del pasado reciente en que directrices rígidas terminaron por afectar la imagen de nuestra institución en términos públicos”.
Reconociendo las facultades de las que dispone el titular del Ministerio Público, la asociación aclara que la solicitud surge como consecuencia de la preocupación generada por la implementación de esta instrucción, particularmente en regiones.
