De acuerdo a información entregada por Gendarmería, y recepcionada por el Gobierno, para el año 2024 se proyecta una población penal sobre las 50 mil personas, un número que está por sobre la capacidad carcelaria que tiene nuestro país actualmente, que ya supera el 110,6% de ocupación.

Se estima que estas cifras vayan aumentando en el contexto de la alta criminalidad y delitos de gran connotación social, donde además se alerta que por falta de espacio hay quienes han cometido delitos menores y se encuentran en libertad, a pesar de que deberían estar cumpliendo condena en un centro penitenciario.

En medio de este debate, han surgido diversas voces que plantean que hay que abrir más cárceles, algo que sin lugar a dudas se debe hacer, para lo que es necesario mejorar la política de concesiones para atacar el problema en conjunto con Obras Públicas y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Sin embargo, no podemos pensar en esto como la solución a un problema que es mucho más grande, ya que más de la mitad de los reos que salen en libertad vuelven a reincidir en nuevos delitos, por lo que el foco debe estar puesto en la rehabilitación y reinserción social.

Hoy las condiciones de hacinamiento en la que se encuentran nuestras cárceles propician a que se sigan reproduciendo lógicas delictivas al interior, que se armen conflictos entre bandas rivales, que haya jerarquía entre los presos y la carencia de espacios adecuados para albergar a aquellos de mayor peligrosidad. Junto con lo anterior, también se expone a los funcionarios y funcionarias de Gendarmería, quienes no dan abasto para controlar a la gran cantidad de población penal.

Sin lugar a dudas, urge reestructurar el régimen penitenciario y construir más recintos carcelarios, junto con establecer políticas de tolerancia cero, pero no sacamos nada con seguir llenando las cárceles sino avanzamos en una verdadera política de Estado que se haga cargo de la situación de los reos cuando dejan los recintos penitenciarios.

Uno de los factores que impide la reinserción en Chile es la falta de oportunidades y los escasos programas que existen para la rehabilitación social. Hay que considerar que muchos reos no tienen la educación básica ni media completa, por lo que establecer convenios con instituciones públicas y/o privadas para propiciar la educación, o que se les enseñe algún oficio es de vital importancia.

Si bien se han dado experiencias donde reos han culminado sus estudios en la cárcel, lamentablemente es un porcentaje bastante mínimo. Por lo mismo, se deben robustecer los programas que ya existen y generar otros con universidades, centros de formación técnica u otros recintos educativos que puedan llevar adelante esta labor, junto con políticas públicas que vayan en esta línea.