En su informe anual, Amnistía Internacional dedicó tres páginas a Chile para analizar la realidad del país en materia de Derechos Humanos.

Son 10 puntos donde el organismo hace observaciones a las cuentas pendientes que hay con las víctimas del estallido social, los procedimientos para expulsar a migrantes y casos de carabineros que desnudaron a niños mapuche en Ercilla.

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Derecho a verdad, justicia y reparación

Amnistía Internacional registra que durante el período se reportaron protestas principalmente en Santiago, donde la policía respondió, en algunas casos, haciendo "uso excesivo de la fuerza".

Sin embargo, los puntos más importante en esta materia apunta a las deudas pendientes del estallido social. El organismo destaca que, al finalizar el año, la Fiscalía Nacional presentó cargos solamente en 140 de las 10.938 denuncias de violaciones a los DDHH cometidas por funcionarios del Estado. Las causas dieron lugar a 17 sentencias condenatorias y dos absolutorias.

En el listado, destacan al tribunal que declaró culpable al excapitán de Carabineros, Patricio Maturana, por apremios ilegítimos contra la actual senadora Fabiola Campillai. También la acusación contra el excapitán Claudio Crespo, por el caso de Gustavo Gatica, y contra el militar Cristián Care, declarado culpable en el homicidio de Kevin Gómez en Coquimbo.

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También destacan que el gobierno presentó la Comisión y la Unidad Consultiva para la Reforma a las Policías y la Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación a Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos durante el Estallido Social, y creó la Mesa de Reparación Integral para llevar adelante la redacción de la política y la ley relativas a la reparación.

En la misma línea, también se destaca el nuevo programa para ofrecer reparación a las más de 400 personas que habían sufrido lesiones oculares durante las protestas y reemplazar el programa en curso, que "había recibido muchas críticas".

El informe también revela novedades respecto a las violaciones a DDHH en dictadura, como los 10 exmiembros de las Fuerzas Armadas condenados por el “Caso Quemados”, en el que estaban acusados de haber golpeado y quemado con combustible a Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana.

También que se puso en marcha el Plan Nacional de Búsqueda para determinar el paradero de más de un millar de personas que habían sido sometidas a desaparición forzada durante el régimen de Augusto Pinochet.

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Detención y reclusión arbitrarias

El reporte también habla de que muchas personas, acusadas por presuntos delitos cometidos durante el estallido social, que fueron absueltas por falta de pruebas tras permanecer "largos periodos" detenidas a la espera de un juicio. "En algunos casos se determinó que las pruebas eran falsas", agrega el documento.

Además, los redactores del informe señalan que las protestas que exigían la libertad de estos presos se extendieron a lo largo de todo el año y que la ley de amnistía seguía debatiéndose en el Congreso.

Al finalizar el año, destaca el texto, el gobierno concedió 13 indultos, casi todos a personas detenidas durante la crisis.

Pueblos originarios

En materia de pueblos indígenas, el informe releva que tres carabineros fueron declarados culpables por vejaciones injustas y apremios ilegítimos, tras haber obligado a niños del pueblo mapuche a desnudarse durante un control de identidad efectuado en Ercilla en 2018.

También destaca que se conmemoró un nuevo juicio por el crimen de Alex Lemún tras un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que responsabilizaba a Chile. El tribunal terminó condenando a un coronel de Carabineros a siete años de cárcel por esta razón.

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Derechos sexuales y reproductivos

El informe cuestiona que el Ministerio de Educación anunciara un proyecto de ley sobre educación sexual integral, pero aún no lo presentara al Congreso.

Derecho a la salud

Amnistía Internacional releva que Chile registró uno de los índices de mortalidad por COVID-19 más altos del continente, con 3.215 muertes por millón de habitantes.

Derechos LGBTIQ+

El informe destaca que el Congreso derogó el artículo que establecía una edad superior de libre consentimiento para mantener relaciones homosexuales.

Sin embargo, cuestiona su revisión a la Ley Antidiscriminación para abordar los derechos de las personas LGBTIQ+, que apenas avanzó.

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Situación de periodistas y defensores de DDHH

Amnistía Internacional recoge como uno de sus puntos esenciales el crimen de Francisca Sandoval, reportera de la Señal 3 de La Victoria que recibió un disparo efectuado por un civil.

También llama la atención por las amenazas de muerte que recibió Verónica Vilches y el ataque que sufrió la vivienda de Lorena Donaire, ambas defensoras del derecho al agua en Petorca,

Degradación ambiental

El informa también llama la atención por los "elevados niveles de contaminación" que afectaron a las ciudades de Quintero y Puchuncaví y provocaron graves riesgos para la salud pública.

No obstante, destaca el cierre progresivo de la fundición Ventanas, planta responsable de algunas de las mayores emisiones de dióxido de azufre de la región.

Refugiados y migrantes

El documento acusa a las autoridades chilenas de seguir empleando "prácticas ilegítimas de pre admisibilidad para negar el acceso a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado, que muy pocas personas obtenían al cabo del largo periodo de entre dos y cuatro años que duraba el proceso".

Además, critica que se reanudaron las prácticas de expulsión inmediata de personas extranjeras sin evaluar si necesitaban protección internacional ni los riesgos que afrontarían en caso de ser expulsadas.

Tortura

Finalmente, Amnistía Internacional destaca que el Comité para la Prevención de la Tortura de Chile confirmó que en un hospital psiquiátrico de la región de Valparaíso se habían cometido violaciones de derechos humanos.

No obstante, critica el documento, la Fiscalía de Valparaíso solicitó el cierre definitivo de la investigación.

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Puedes revisar el informe completo y el capítulo chileno en específico a partir de la página 146.