La ministra en visita extraordinaria para causas de DD.HH, Marianela Cifuentes, de la Corte de Apelaciones de San Miguel, dictó sentencia de primera instancia en el caso que investiga la desaparición forzada del militante comunista Vicente Ramón Blanco Ubilla, ocurrido a partir del 20 de septiembre de 1973.

La magistrada condenó a una pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo como autores del delito de secuestro calificado, en grado consumado, al excoronel (r) de Carabineros Hugo Medina Leiva, que a la fecha de los hechos era capitán de la Sexta Comisaría de San Bernardo; y a los ex militares Alfonso Faúndez Norambuena, actual teniente coronel (r) y a Jorge Romero Campos, actual brigadier (r) del Ejército, quienes eran teniente y comandante en el regimiento de Infantería de San Bernardo, respectivamente.

Blanco Ubilla (37), casado, 4 hijos y dirigente poblacional, luego de ser detenido por carabineros de la Sexta Comisaría, fue entregado a militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo, siendo conducido al campo de prisioneros del Cerro Chena, lugar donde fue duramente torturado. 

Cuatro días después fue sacado de ese recinto y  llevado al puente del Río Maipo junto a otros dos prisioneros, siendo acribillados en ese lugar y lanzado a las aguas del río, desapareciendo su cuerpo hasta la fecha.

Una suerte distinta corrió su compañero José Calderón Miranda, dirigente campesino de Paine, quién sobrevivió herido y observó todo el accionar de los militares fingiendo estar muerto, permaneciendo oculto por cinco años.

Para el abogado querellante Francisco Bustos, del Estudio Jurídico Caucoto Abogados, en representación de dos hijos de la víctima, “se trata de una sentencia muy esperada en la cual la judicatura ha hecho un gran trabajo, tanto en materia de la investigación de los hechos, así al determinar el grado de responsabilidad de los sentenciados Romero Campos, Faúndez Norambuena y Medina Leiva”.

Bustos, agregó que “como querellantes vamos a defender la sentencia en segunda instancia, y vamos apelar pidiendo elevar las penas impuestas, en atención a ciertas agravantes y también a la extensión del mal causado, considerando especialmente que la Convención Internacional contra las desapariciones forzadas mandata que estos crímenes deben ser sancionados con penas que consideren su extrema gravedad”.

Puedes leer acá la sentencia completa:

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