Los datos revelado en redes sociales por la Defensoría del Pueblo muestran que, durante el pasado mes, se registraron 219 conflictos sociales en el país andino -165 activos y 63 latentes- y 1.261 protestas, un máximo histórico en los registros de esta institución.

Entre las más de 1.200 protestas llevadas a cabo en enero, el 86,7 % estuvo relacionado con la ola de protestas antigubernamentales que exige la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y adelanto de elecciones para 2023, entre otros reclamos.

"De las 1.261 protestas sociales, el 38,4 % fueron movilizaciones, el 20,3 % corresponden a bloqueos de vías, y el 17,1 % respondieron a los plantones o concentraciones del momento", expuso en un comunicado la Defensoría.

Con relación a la distribución territorial, el organismo contabilizó en el amazónico departamento de Loreto 30 casos de conflictos sociales, lo que le sitúa como la región que más conflictos concentró, seguida de los sureños departamentos de Cuzco (20) y Apurímac (17).

"En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (64,4 %)", aseguró en un comunicado esta institución, la cual señaló que la minería está detrás del 66,7 % de esta tipología de conflictos.

De los 219 casos activos, la Defensoría señaló que 104 son atendidos a través del diálogo, de los cuales más de cuatro de cada cinco están relacionados con asuntos ambientales como la minería, la deforesatación y la extracción de otros recursos naturales.

Además, la Defensoría destacó que se resolvieron dos conflictos sociales durante enero, el primero de ellos en la céntrica región de Huánuco con la "rendición de cuentas" del alcalde distrital de Umari y, en la costera y norteña región de Piura, con la despenalización de la pesca artesanal y capturas incidentales. EFE