La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que luego de más de una década en el Congreso logra pasar a la recta final de su tramitación. Pero será en esta última instancia donde deberá resolverse si se permitirán o no las actividades industriales en áreas protegidas.

En la votación, se aprobó el proyecto con un artículo que sí permite concesiones productivas en áreas protegidas, pero distintas autoridades expresaron su intención de que la decisión sea revertida en la fase final del trámite legislativo.

Fue la ministra de Medio Ambiente Maisa Rojas quien dejó instalado el desafío al afirmar expresamente que el Gobierno no está de acuerdo con que existan actividades industriales dentro de áreas protegidas, como ocurre hoy en día. 

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“Esa (prohibir concesiones productivas en áreas protegidas) es la aspiración que tenemos con este servicio y quisiera dejarlo expresamente: eso significa no tener salmones en áreas protegidas”, afirmó la ministra durante la votación.

Así, Rojas apunta directamente a la actividad de las salmoneras, que ha generado gran polémica por su su presencia en reservas y parques nacionales. Según un informe de la ONG Terram, en Chile existen más de 400 concesiones salmoneras en áreas protegidas.

De forma similar, una investigación periodística contabilizó 40 proyectos mineros dentro o en terrenos vecinos a reservas y parques nacionales.

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