José Antonio Viera Gallo, abogado y militante del PS, expuso este viernes ante la comisión revisora de la acusación constitucional contra la exministra de Justicia, Marcela Ríos, contexto en el que la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) ratificó su decidida necesidad de que esta se apruebe.

"Acá la infracción de ley parece concreta y evidente", sostuvieron desde el partido de oposición en declaraciones que recoge Emol.

Sobre los 13 indultos presidenciales oficializados el 30 de diciembre, y que dieron paso a la materialización del libelo contra la ahora exsecretaria de Estado, el abogado de Ríos sostuvo que estos "están fundados (...) No existe un parámetro objetivo de estándar legal sobre el tipo de fundamento, hay una evolución en la jurisprudencia al respecto".

Paralelamente, los parlamentarios de oposición relevaron la argumentación de exministros de Justicia en la instancia previa a la votación de la AC en la Sala el miércoles próximo, planteando " que avalan ilegalidad de los decretos otorgados".

Arturo Longton

Andrés Longton, jefe de la bancada de RN, aseguró que "las exposiciones en la Comisión de acusación constitucional de ex ministros de justicia de izquierda, como el señor Isidro Solís, el señor Jaime Campos, o bien la ex presidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, dejan claramente establecido que estos decretos que liberaron a 13 delincuentes que hoy día están en libertad y que pueden volver a reincidir, fueron absolutamente ilegales y carentes del fundamento necesario para que fuera un decreto fundado y calificado como exige expresamente la ley".

"Al no tener todos los antecedentes necesarios para aquello, obviamente estos decretos fueron mal otorgados, y con ello, se puso en riesgo a las familias chilenas", agregó.

Sofía Cid

Por su parte, la diputada Sofía Cid aseguró que "la acusación, como pocas veces se ve, ha contado con el apoyo de destacados profesores, e incluso con el testimonio de ex ministros de justicia del mundo concertacionista".

Adicionalmente, dijo que "acá la infracción de ley parece concreta y evidente, particularmente en lo relativo a la falta de fundamentación, cuestión esencial para no derivar en un ejercicio abusivo de la autoridad".

"La ministra actúa en base a una delegación, pero tiene responsabilidad por un acto suscrito por ella, más cuando tenemos el antecedente reciente de un ministro de justicia que supo negarse íntegramente", declaró luego la parlamentaria.

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