José Antonio Viera Gallo, quien asumió la defensa de la ahora exministra de Justicia, Marcela Ríos, cuestionó la acusación constitucional que presentó la oposición, planteando que hubo desprolijidades en su estrategia al oficializarla de manera simultánea a los requerimientos que hizo ante el TC y Contraloría.

Específicamente, aseguró en declaraciones a Emol que "se podría dar el absurdo aquí que, por ejemplo, se aprobara la acusación, pero el Tribunal Constitucional dijera que los decretos son legales o la Contraloría".

"Recurrir al TC está muy bien. Es un camino legitimo o para recurrir a la Contraloría, habrá que ver si también es un camino, pero eso no da pie para una acusación constitucional. Una cosa es que pueda haber desprolijidades, otra cosa es que haya ilegalidades", aclaró el abogado.

Y agregó que "habría que demostrar en esa eventual ilegalidad que eso es responsabilidad de la ministra. O sea, además la Cámara creó una comisión investigadora que es para determinar si, entre otras cosas, hubo una ilegalidad. Entonces, ¿cómo crean una comisión si al mismo tiempo ya dan por sentado que hubo ilegalidades y acusan?".

[caption id="attachment_799178" align="alignnone" width="900"] Marcela Ríos- Foto: Agencia Uno[/caption]

Profundizando en sus argumentaciones, dijo que "aquí hay una desprolijidad, ahora esta vez en el caso de los parlamentarios de la oposición, de algunos por lo menos, en el sentido de usar distintos mecanismos que pueden llegar a ser contradictorios entre sí", recalcó.

Adicionalmente, el abogado del PS dijo que aceptó tomar la defensa de Ríos porque "la Cámara ha tenido una interpretación demasiado extensiva, según mi criterio, un poco arbitraria respecto de las causales del juicio constitucional".

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"Porque la Cámara y después el Senado no tiene por qué, a través de ese mecanismo, emitir un juicio sobre el desempeño del ministro. Eso es un juicio político, se puede tener la visión critica que se quiera, pero otra cosa distinta es la institución de la acusación constitucional, que tiene causales precisas", agregó.

Paralelamente, dijo que "llegó el momento de que las cosas queden en su lugar y yo estoy bastante convencido que, en este caso particular, por parte de la ministra, no hubo ilegalidades. No corresponde su responsabilidad a través de una acusación constitucional o un juicio político".

Por último, relevó cómo se ha apelado a la herramienta legislativa en el último tiempo, cuestionando que "distintos grupos políticos han acusado en distintos momentos, o han usado este mecanismo, creo que de una forma equivocada".

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