La Comisión Especial Investigadora de abusos e irregularidades al interior de la Policía de Investigaciones (PDI) acordó solicitar este lunes un sumario administrativo para Sergio Muñoz Yáñez, director de la institución. 

La solicitud dirigida a la Contraloría General de la República se suscitó por la "grave falta" de no asistir por segunda vez a una citación de la Comisión. La primera vez, el presidente de la instancia legislativa tuvo que suspender el trabajo de la misma horas antes de la sesión. Hoy, los parlamentarios alegaron que Muñoz se excusó en "actividades propias del cargo".

"La ausencia del Director General de la PDI es impresentable y por eso acordamos solicitar un sumario administrativo. Quedará citado nuevamente para la próxima semana; esperamos que venga, para poder hacerle las preguntas que hoy quedaron pendientes", afirmó Claudia Mix, diputada gestora de la Comisión.

Fuertes críticas al líder de la PDI

Además, Mix emplazó duramente a los funcionarios de la institución, expresando que "parece que van a tener que incluir pasas en la dieta de la PDI, porque vienen aquí y no se acuerdan de nada".

La crítica de la parlamentaria responde al cuestionamiento a la declaración de Claudio González Hofstetter, Jefe de la Inspectoría General de la PDI, quien en principio dijo desconocer que existía un método de tortura denominado "la lora", así como también, se excusó de no recordar algunos hechos y personas debido al tiempo transcurrido, al ser consultado por un caso de tortura de 1988. Finalmente, Gonzalez Hobstetter aclaró que sí conocía el método, que tuvo una clase teórico-práctica del tema, pero que en la investigación lo sobreseyó de responsabilidad. Sobre el denunciante, indicó no conocerlo.

Gonzalez Hobstetter prestó declaración hoy junto a Mohamed Danilla Herrera, Jefe Nacional de Salud de la PDI y Jorge Cabané Rivas, médico psiquiatra de la Dotación del Departamento de Medicina de la Jefatura Nacional de Salud de la PDI.

"Ustedes no están aquí hoy por casualidad, sino porque aparecen mencionados en muchos relatos, donde se les acusa de desprolijidad, desinformación y diagnósticos contradictorios", señaló la diputada Mix.

Mohamed Danilla argumentó que algunas acusaciones parecerían dignas de teorías conspirativas. Desde su perspectiva, muchas afirmaciones de los denunciantes contradicen los principios de la Institución. "Desmiento que existan diagnósticos falsos", afirmó.

Explicó, además, que antiguamente solo se realizaban test de competencias, pero no se evaluaba la estructura de personalidad ni desarrollo moral de los postulantes. Esto se estaría aplicando desde el año pasado, no obstante, no aclaró si existe un control permanente del estado de la salud mental de los funcionarios activos.

En general, las respuestas se basaban en el resultado de los sumarios administrativos, las autopsias y los trastornos de personalidad que supuestamente sufrirían muchos de los funcionarios involucrados en las denuncias.

Respecto a uno de los casos más controversiales que forman parte de esta investigación, el caso de Mitzi Liberona, quien denunció que fue violada por un compañero de trabajo, se explicó que se mantiene activo debido a que el resultado del sumario administrativo fue positivo para él, aunque el caso siga pendiente en lo legal. Además, destacaron el profesionalismo y la utilidad de sus conocimientos como tecnólogo médico de la Institución.

Víctimas piden renuncia del general director de la PDI

El representante de la Agrupación de Víctimas, Andrés Cáceres, señaló que la intención de la comisión no es destruir a la PDI, sino por el contrario, recomponer la confianza y terminar con la corrupción, "pero no existe voluntad de reconocer los errores, ajustan los sumarios a su conveniencia. Aquí se han denunciado delitos graves: violaciones, homicidios, torturas, secuestros, suicidios inducidos, violencia de género, tráfico de influencias, pero prefieren ocultar la basura debajo de la alfombra a enfrentar el problema. Si esto es demasiado para usted señor Sergio Muñoz, entonces renuncie", apuntó Cáceres contra el Director General de la Policía de Investigaciones.

Estuvieron presentes también los representantes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Roberto Gallardo Terán, Jefe de la División de Gestión y Modernización de las Policías (DIGEMPOL) de la Subsecretaría del Interior y Camila Piantini Lillo, Jefa del Departamento Jurídico de la misma División, y los representantes de la Policía de Investigaciones de Chile, Cristian Sepúlveda Lazo y Erick Menay Pino.

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