La primera negociación de reajuste salarial para el sector público se viene compleja para el gobierno de Gabriel Boric.

Esto, porque la mesa que agrupa a las 16 organizaciones de trabajadores fiscales, coordinadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) puso esta semana sobre la mesa su pliego de peticiones, que contempla un incremento de 15%, como punto de partida para las negociaciones.

Para la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la cifra significa “un reajuste de remuneraciones real de un 3%, sobre la proyección del IPC del presente año (12%), con el fin de, no solamente recuperar el poder adquisitivo de funcionarias y funcionarios públicos, sino experimentar un aumento en las remuneraciones, el que fue negado en los últimos años, durante el gobierno neoliberal de Sebastián Piñera” según explicó el vicepresidente de la organización, Helmut Griott.

El documento de 21 páginas entregado al gobierno justifica así el monto solicitado: “Estamos plenamente conscientes del problema de la inflación, pues lo vivimos a diario, al igual que todos/as quienes vivimos de un salario. Y justamente por ello, estamos igual de conscientes que esta Negociación no constituye un instrumento ni de la Política Fiscal, ni la Política Económica, sino que es un proceso de Negociación Colectiva, la única Negociación Ramal existente en nuestro país, que proyecta la principal señal del Estado Empleador, y por tanto del gobierno, hacia el Mundo del Trabajo, respecto del camino que debe guiar la evolución de los salarios y de los derechos de los/as trabajadores/as.

"Y que, justamente por ello, en el contexto que vivimos, debe centrarse en la magnitud del aumento real de los salarios, vale decir, asumiendo que existe una deuda con las y los trabajadores públicos, dada la pérdida de poder adquisitivo en los doce meses que anteceden a aplicación del reajuste y cuya magnitud, de acuerdo con el Banco Central y el propio Ministerio de Hacienda, apunta a un 12%”, remarca.

Otro punto del petitorio es la exigencia de que a partir del 1 de diciembre del año 2022, ningún trabajador/a que se desempeñe en el sector público obtenga un ingreso mensual  inferior a $ 550.000 en el caso de los auxiliares; $ 600.000 en el de los administrativos; y $650.000 para los técnicos.

• Revise el pliego de peticiones acá:

Las otras demandas

Pero más allá del guarismo, el pliego de peticiones de los empleados fiscales apunta a que la negociación de este año “traiga justicia a la relación laboral entre los trabajadores y el Estado”.

Y en ese contexto, también contempla una serie de demandas históricas de las y los trabajadores públicos, no relacionadas con remuneraciones y que apuntan al trabajo decente.

• 40 horas: “Lamentamos que a 2 meses del compromiso expresado por los Ministros de Hacienda y Trabajo, en la materia, pese a los requerimientos de nuestras organizaciones, no se haya posibilitado el inicio de este trabajo”, señalan. Por eso, piden la instalación, al más breve plazo, de la Mesa de Trabajo que aborde la implementación de la reducción de la Jornada a 40 horas en el sector público, “en los mismos plazos que se realizará para el Código del Trabajo”.
• Salud mental, salud funcionaria: Se está exigiendo la continuidad de las mesas técnicas constituidas para tales efectos. “Es indispensable para el buen funcionamiento de las Mesas de Trabajo que el gobierno amplíe su capacidad de respuesta”, señalan las organizaciones.
• Incentivo al retiro: reactivación de este plan para mayores de 65, ampliación y asignación prioritaria de cupos.
• Estabilidad laboral: Instalar las Mesas de Trabajo desde la primera semana de diciembre de 2022, para abordar las no renovaciones en un período en que aún es factible corregir administrativamente los casos que se ajusten a sus contenidos, tanto a nivel centralizado, como descentralizado, señala el pliego.
• Teletrabajo. “Ante la ausencia de una regulación general que establezca y proteja los derechos y norme los deberes de los/as trabajadores/as que se desempeñan en formatos remotos o en teletrabajo, así como regule las obligaciones del empleador”, las organizaciones demandan la instalación de una Mesa de Trabajo para revisar este tema.
• Traspaso y regularización de honorarios y reemplazos
• Incorporación de los/as trabajadores/as del Estado al seguro de cesantía

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