Un grupo de 39 profesores constitucionalistas de distintas universidades del país expresó su apoyo a la opción Apruebo en el Plebiscito del 4 de septiembre.

Entre los firmantes aparecen, entre otros, Javier Couso, Paulina Veloso, Alfonso Henríquez, Domingo Lovera, Elisa Walker, Felipe Perotti Flavia Carbonell, Flavio Quesada, Jorge Contesse, Juan Pablo Hermosilla, Tanya Busch, Tomás Jordan, Verónica Undurraga, Yanira Zúñiga y Viviana Ponce de León, entre otros.

A través de un inserto publicado en diversos medios de prensa, los académicos entregaron su respaldo a la propuesta constitucional, destacando al menos ocho puntos que justifican su voto en la próxima consulta, destacan el carácter “innovador” de la propuesta y enfrentan diversas tesis que se esgrimen desde el bando del Rechazo.

En este sentido, los académicos parten señalando que la propuesta de nueva Constitución “establece órganos que ejercerán el poder de forma equilibrada superando problemas de la Constitución vigente” -desmintiendo así las quejas de la derecha al nuevo sistema político contenido en la propuesta- y por otra parte “redefine el rol del Estado que deja de ser subsidiario, y pasa a ser uno social y democrático de derecho”.

En segundo lugar, señalan que esta redefinición es fundamental pues “a partir de ella la estructura del Estado se orienta a asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales -como la salud, educación y seguridad social- cuyo pleno ejercicio es esencial para la vida digna y justo desarrollo de la sociedad”. En este sentido, destacan que la propuesta de Carta Magna plantee nuevos derechos, como a la vivienda, la ciudad, los cuidados, etc.

Como tercer y cuarto punto, los académicos identifican a la propuesta de nueva Constitución como “la primera del mundo que se hace cargo de la crisis climática y ecológica” y además es “la primera en establecer una democracia paritaria que asegurar la participación plena de las mujeres en los espacios de decisión pública”.

Asimismo, plantean que el texto “dispone de diversas garantías para erradicar progresivamente estereotipos discriminatorios que han fragmentado nuestra sociedad”.

En cuanto a los pueblos indígenas, señala que “promueve una nueva relación de manera razonable manteniendo la unidad territorial del Estado y respetando los compromisos internacionales del país”. Y además, recalca que “el ejercicio de la justicia indígena queda sometida siempre a la revisión de la Corte Suprema, descartando si la posibilidad de las llamadas justicia paralelas”, desestimando así otra de las aseveraciones que han esgrimido desde el mundo del Rechazo para fustigar la propuesta emanada de la Convención.

Igualmente, la declaración destaca que la propuesta permite avanzar en “una descentralización efectiva otorgando grados de autonomía política administrativa y fiscal a las regiones”, y en un “marco de sostenibilidad fiscal”.

Los académicos también recalcan que la propuesta “establece mecanismos de democracia directa y semidirecta que permitirán a la ciudadanía participar de referéndums, presentar iniciativas de ley, de derogación de leyes e incluso reformas constitucionales, favoreciendo una práctica constitucional democrática y vigorosa”.

La declaración finaliza señalando que la propuesta de nueva Constitución “es objeto de estudios y comentarios favorables a nivel internacional por sus innovaciones y por canalizar de forma institucional una profunda crisis política y social”.

Asimismo, expresan que la propuesta “responde adecuadamente a las demandas y necesidades que llevaron al país a generar una instancia deliberativa que cumplió con sus normas procedimentales y representa un mejor punto de partida para una nueva etapa de la democracia en Chile”.

“Dota a la ciudadanía y sus representantes de las herramientas necesarias para generar nuevos acuerdos o transformaciones a corto mediano y largo plazo”, concluye.

Revise la declaración acá:

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