Los retos de la apuesta ambiental del gobierno de Gustavo Petro en Colombia
El primer presidente de izquierda de la historia de Colombia, Gustavo Petro, tomó posesión de su cargo este domingo 7 de agosto, junto a Francia Márquez, la primera vicepresidenta afrocolombiana del país, tras la victoria en las elecciones del 19 de junio. Obtuvieron 11,2 millones de votos en la segunda vuelta, la votación más alta en la historia de Colombia.
El gobierno de Petro y Márquez ha prometido una transformación social que lleve a Colombia a una “era de paz” en la que el cuidado del medio ambiente es una medida transversal a todo el programa de gobierno. El objetivo de la próxima administración, según se lee en el documento, es convertir al país en una “potencia mundial de la vida”, buscando “realizar transformaciones de fondo para enfrentar la emergencia por el cambio climático y la pérdida de biodiversidad [...] dejando atrás la dependencia exclusiva del modelo extractivista y democratizando el uso de energías limpias”.
“El nuevo gobierno es el más ambientalista de la historia”, dice Manuel Rodríguez Becerra, presidente del Foro Nacional Ambiental y ex ministro de Ambiente, pues hay varios integrantes expertos en la materia, empezando por el mismo presidente.
Rodríguez califica a la vicepresidenta Márquez, ex premio Goldman, como "una reconocida líder socioambiental", y destaca que la nueva ministra de Ambiente, Susana Muhamad, estuvo al frente de la cartera de Medio Ambiente de Bogotá durante la etapa de Gustavo Petro como alcalde de la capital (2012-2015).
Por otra parte, Rodríguez señala que la nueva ministra de Agricultura, la veterana Cecilia López Montaño, ya fue ministra de Ambiente en los años 90, y califica al nuevo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, como "uno de los pocos en América Latina que ha investigado a fondo sobre desarrollo sostenible y medio ambiente".
Puede que el gabinete esté repleto de progresistas, pero conseguir avances en cuestiones medioambientales no será del todo sencillo para el gobierno de Petro, que probablemente se enfrente a un parlamento muy dividido, a los impactos de las crisis mundiales y a la resistencia de la industria petrolera y del gas del país.
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Las propuestas ambientales de Petro
El nuevo gobierno plantea dos desafíos fundamentales que debe enfrentar para lograr la transformación económica: el primero es la promoción de una economía descarbonizada, y el segundo es pasar de una economía que dependa más de la producción local que extranjera.
La clave para afrontar este reto de impulsar la productividad local son las cuestiones de gobernanza y acceso al agua, como detalla el programa de gobierno de Petro, cuya gestión también es fundamental para su ambición de convertir a Colombia en un país "líder en la lucha contra el cambio climático". Para lograrlo, Petro propone un ordenamiento territorial alrededor del agua que impulse actividades productivas acordes con la protección de la naturaleza, no se aclara exactamente qué tipo de actividades son.
También promete proteger las fuentes de agua, incluyendo las cuencas hidrográficas, los páramos y los acuíferos del país, con un mayor control para las autoridades ambientales. El presidente también se ha comprometido a garantizar el acceso universal al mínimo vital de agua como derecho fundamental y bien común, una promesa que Petro consiguió cumplir durante su etapa como alcalde de Bogotá, aunque no sin críticas.
De acuerdo con Manuel Rodríguez, el principal reto medioambiental de Colombia es la deforestación. Según el último informe de WWF sobre este tema, Colombia tiene 2 de los 24 frentes más afectados por la deforestación en el mundo, entre los cuales se incluye la región amazónica que en 2020 perdió más de 109 mil hectáreas de bosque, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).
Para resolver este tema el plan de gobierno dice que “impulsará el desarrollo de sistemas agroforestales, silvopastoriles, de aprovechamiento de productos no maderables del bosque y turismo de naturaleza bajo el liderazgo de organizaciones comunitarias… se detendrá la apropiación ilegal de predios, las actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería, con especial énfasis en zonas de frontera agraria”.
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Otro tema que el nuevo gobierno promete implementar es el acuerdo de paz firmado con las FARC, que incluye una reforma rural y agraria integral que resuelva la inequidad en la tenencia de la tierra, una de las principales causas de la guerra en el país. De acuerdo con un estudio de Oxfam, realizado a partir del Censo Nacional Agropecuario de 2014, en Colombia el 1% de las fincas de mayor tamaño concentran el 81% de la tierra. El 19% restante se reparte entre el 99% de las fincas.
Petro y Márquez proponen avanzar “hacia el cierre de la brecha de desigualdad en la tenencia y uso de la tierra y el agua a través de una reforma agraria y acuaria para transformar el campo en clave productiva y de justicia social y ambiental”. Esta apuesta también incluye un fuerte enfoque de género que dará protagonismo a las mujeres quienes tendrán prioridad en la titulación de la tierra.
Cinco décadas de conflicto
Colombia ha vivido más de 50 años de un complejo conflicto violento en el que han participado el Estado, grupos paramilitares de derecha, bandas criminales y guerrillas revolucionarias, como las desmovilizadas FARC -cuyos grupos disidentes aún operan- y el Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla reconocida.
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Un congreso aliado y renovado
Para llevar a cabo este ambicioso paquete de reformas el gobierno ya se encargó de construir una bancada mayoritaria en el Congreso de la República; además del Pacto Histórico -la coalición de partidos que apoyó la candidatura de Petro- que tiene la mayoría de curules en el Senado, el presidente ha recibido el apoyo incluso de otros partidos que antes se habían opuesto a sus ideas como el Liberal, el Conservador, el Partido de la U y la Alianza Verde, entre otros. Para sus seguidores, con esta alianza el gobierno muestra su talante conciliador, pero para la oposición es señal de que Petro está “dispuesto a venderle el alma al diablo” con tal de ejecutar su programa, frase utilizada por varios críticos en el último mes.
El Congreso de la República que se posesionó el 20 de julio también ha supuesto una renovación para la política colombiana pues de los 295 legisladores, 181 ingresan al Congreso por primera vez y muchos de ellos vienen de los movimientos sociales, indígenas, afrodescendientes, del movimiento feminista y por supuesto también hay reconocidos líderes ambientalistas y animalistas.
La bancada gobiernista ya hizo sentir su influencia apenas una semana después de su posesión con la aprobación en segundo debate en el Senado del Acuerdo de Escazú, con 74 votos a favor y 22 en contra. Para que el Acuerdo de Escazú entre en vigencia en Colombia hace falta que sea aprobado en dos debates más en la Cámara de Representantes y que luego sea ratificado por el presidente.
Esta aprobación es clave, teniendo en cuenta que Colombia es el país más peligroso del mundo para los líderes ambientales, de acuerdo con el último informe de Global Witness que reportó 65 personas asesinadas en 2020 por su trabajo de defensa del medio ambiente. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) tiene un listado de más de 600 líderes y lideresas ambientales asesinados desde la firma del acuerdo de paz en 2016. Esta administración se ha comprometido a investigar las causas y responsables de los conflictos ambientales.
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Una propuesta energética impopular
El cambio en la matriz energética es el otro gran objetivo ambiental del gobierno entrante que propone superar la economía fósil y dependiente de las ganancias de la producción de petróleo, carbón y gas. Aunque el presidente Petro ha dicho que el desescalamiento del modelo extractivista será gradual, esta idea ha suscitado mucha preocupación porque la principal exportación de Colombia es el petróleo -en 2021 la petrolera estatal Ecopetrol obtuvo 3,6 mil millones de dólares en utilidades, la cifra más alta de la historia- y la producción de gas va en aumento. Concretamente el plan de gobierno afirma que no se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos pero que respetarán los acuerdos que están vigentes.
Ni siquiera los ambientalistas como Camilo Quintero, ex Subsecretario de Ambiente de la Alcaldía de Medellín, ven prudente frenar la producción. “La transición energética debe ser justa y ordenada para que al dar solución al problema ambiental no estemos creando otros problemas. Hay unas finanzas públicas que hay que cuidar y que en parte han financiado los programas sociales”, concluye.
Lo mismo opina Manuel Rodríguez: “es distinto descarbonizar la economía -es decir, producir menos gases de efecto invernadero- que suspender la exploración y explotación de hidrocarburos. Si Colombia renuncia a exportar pues otro país va a tomar ese mercado”.
El presidente Petro también manifestó en campaña que no habrá fracking en su administración y esto lo ratificó la nueva ministra de ambiente Susana Muhamad: “queremos prohibir el fracking en el Congreso de la república y detener las licencias de los pilotos que van a ser una de las primeras acciones que realizaremos como gobierno”, dijo a Noticias Caracol el mismo día de su nombramiento.
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Este anuncio generó preocupación en el gremio de los hidrocarburos pues Ecopetrol tiene actualmente dos proyectos piloto de fracking en etapa de alistamiento y dos contratos vigentes con la Agencia Nacional de Hidrocarburos para evaluar los efectos de este método de explotación.
Algunos representantes del gobierno han tenido que salir a matizar esta propuesta como el nuevo ministro de Hacienda José Antonio Ocampo quien dijo el mes pasado que Colombia debía “explorar más y buscar más gas” y que debía seguir produciendo petróleo para autoabastecerse y para seguir exportando o si no “el problema de balanza de pagos se vuelve inmanejable”.
Otro obstáculo es la falta de dinero que evitaría alcanzar las metas propuestas. El saliente gobierno de Iván Duque dejó el déficit fiscal en más de 19 mil millones de dólares, el más alto de la historia de Colombia. Y los problemas financieros y energéticos se podrían ver agravados por la crisis mundial que ha causado la pandemia así como la guerra entre Rusia y Ucrania.
Con esa situación adversa, Mauricio Jaramillo, profesor de ciencia política de la Universidad del Rosario cree que la transición energética no será un proceso fácil. “Ante la falta de recursos, Colombia no se puede dar el lujo de perder las ganancias del petróleo y en eso coincide un sector de la coalición de gobierno y también los partidos de centro que lo apoyaron, pero si se retrasa la transición energética puede que sus bases se sientan defraudadas”.
Igualmente, dice Jaramillo, el sector empresarial se opone a la transición y a la prohibición de los pilotos de fracking, entonces probablemente veremos una tensión constante en el gobierno por avanzar en el cambio de la matriz energética a un ritmo que no alarme al empresariado pero que tampoco decepcione a las bases que lo eligieron.
