Ciencia, tecnología e innovación en la propuesta de nueva Constitución
Hace algunos días la prestigiosa revista internacional de ciencia Nature publicó un artículo en el que examinó, con base en la comparación y las investigaciones de otros científicos, los artículos del borrador de nueva Constitución relacionados con la ciencia, tecnología, investigación científica y el cuidado del medio ambiente, entre otros temas.
La publicación describió el texto como un “nuevo best seller“, revelando que gran parte de las y los investigadores nacionales en ciencia que han estudiado el texto, han encontrado “muchas cosas que les gustan”, destacando desde su línea editorial que “contiene una serie de artículos diseñados para impulsar la ciencia, expandir la protección ambiental y mejorar el sistema educativo de la nación“.
En concreto, el artículo de Nature señala que aunque “de manera similar a la Constitución actual, la propuesta exige que el Estado ‘estimule‘ la ciencia y la tecnología, algo crucial para un país que, durante la última década, ha invertido sistemáticamente menos del 0,4 % de su PIB” en estos campos. Por ello destaca que el borrador “va más allá” y “en uno de sus artículos dice que el Estado debe apoyarse en la ciencia para asegurar la ‘mejora continua‘ de los servicios y bienes públicos“.
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En este sentido, el articulo cita al sociólogo José Ortiz Carmona, que en un informe de 2021 titulado “Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento en las Constituciones del Mundo” comparó cómo se representa la ciencia en 193 constituciones, revelando que la Carta Magna de 1980 “contiene solo menciones breves y débiles de la ciencia”.
El articulo también cita voces críticas del texto, como la de la investigadora jurídica de la Universidad de Los Andes, Soledad Bertelsen, quien sostuvo que le preocupa la “carencia de alguna mención a los derechos de propiedad intelectual“, que sí están garantizados en la Constitución actual, argumentando que los empresarios podrían decidir sacar sus inversiones de Chile.
Al respecto, el investigador y sociólogo especialista en educación de la Universidad de Chile, Víctor Orellana, indicó, a El Mostrador, que la Constitución actual (1980) promueve una “concepción excesivamente formal de la investigación”, la que no permitiría un desarrollo sustantivo de las diversas disciplinas.
Para Orellana “la nueva Constitución establece orientaciones normativas y éticas para la investigación, garantiza la libertad para los investigadores, su relación edificante con la naturaleza, y la necesidad de orientarla al desarrollo integral. Ello, vinculado con los avances institucionales para la reconstrucción de la educación superior pública, da las bases para un giro en el ámbito investigativo, superando el actual formalismo de indicadores genéricos”.
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Al respecto, durante la charla magistral que dictó en el XLI Congreso de Ciencias del Mar que se desarrolló en la UCSC, la ex convencional, Dra. Cristina Dorador, investigadora de la Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Biológicos de la Universidad de Antofagasta, señaló que “tenemos múltiples desafíos que abordar en el país y se requieren justamente visiones desde la ciencia y desde la investigación que muchas veces existen, pero no llegan a quienes toman las decisiones”.
En este sentido, Dorador destacó que “hay un artículo en la nueva Constitución que señala que los seres humanos tenemos un vínculo indisoluble con la naturaleza, lo que cambia la ética de entendimiento y del rol que tienen los seres humanos frente a su entorno. Es interesante como el conocimiento científico y el pensamiento ayudan a poner en disputa ciertos términos que son utilizados en política”.
De acuerdo a la Dra. Dorador, el rol de los científicos e investigadores es relevante para disminuir las brechas existentes entre la política y la ciencia, “pero para eso es muy necesario que nosotros, los investigadores, en la medida de lo posible tomemos un rol más activo y participativo frente a nuestra vinculación con el entorno”.
En este sentido, Dorador destaca que el nuevo texto “no solamente avanzamos en contenido en temas de conocimiento y de ciencia, sino que además generamos los mecanismos democráticos para hacer realidad las demandas de la gente de distintos grupos, entre ellos la ciencia. Los investigadores no somos de participar en espacios políticos, sin embargo, el cambio climático es un buen ejemplo del rol de los científicos, quienes con negociaciones políticas lograron el acuerdo de París”.
Para la científica, de aprobarse la propuesta el próximo 4 de septiembre “vamos a tener un cuerpo constitucional muy interesante, sobre todo para los conocimientos, pero es necesario que la comunidad científica-investigadora cumpla un rol participativo, que se organice y esté pendiente de los proyectos de ley”.
