En el contexto de una entrevista ofrecida por el relator para Chile de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, al medio español El País, el representante de la entidad entregó su apreciación respecto de los detenidos en Chile como consecuencia del estallido social del 2019, descartando que se trate de "presos políticos".

"La situación es que hay un grupo de personas que resultaron afectadas por el estallido social. Cerca de 400 personas fueron afectadas, la mayoría con lesiones oculares, que aún están en procesos de recuperación", dijo relevando esta situación sobre quienes se encuentran privados de libertad a causa de hechos derivados de protestas ciudadanas de la época.

Hernández visitó Santiago meses después de que se difundiera un informe de la CIDH de las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante la revuelta social para, junto a la administración de Gabriel Boric, implementar un plan de monitoreo a las recomendaciones contenidas en el documento que considera la reparación integral de todas las víctimas de la represión.

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"Es uno de los temas donde se ve que las secuelas del estallido social siguen abiertas. Hay otros que aborda el informe relacionados a la agenda de derechos económicos, sociales y culturales, que son los que dieron origen al estallido y el posterior acuerdo político para la convocatoria de una convención constitucional", dijo.

Y al momento de hablar de quienes se encuentran privados de libertad tras participar de manifestaciones de la revuelta, aclaró la postura del organismo ante el tema.

"La palabra presos políticos tiene una connotación específica. Son personas que se encuentran detenidas en razón de sus opiniones políticas, religiosas y a las que se coarta su libertad en razón de ese posicionamiento personal. Aquí lo que observamos es que son personas detenidas que siguen procesos en razón de otras causas que se dieron en el marco del estallido, pero no hemos detectado que haya personas detenidas por el mero hecho de participar en la protesta. Eso sí sería contrario a todo estándar", argumentó.

"La CIDH no considera que existan presos políticos del estallido social", concluyó Hernández.