La causa revisa siete contratos de la estatal con Albagli Zaliasnik y busca esclarecer el origen de los honorarios por la defensa de Mario Rozas.
Gabriel Zaliasnik cuando era abogado de Iván Moreira - Archivo Agencia Uno
La Fiscalía de Valparaíso investiga pagos superiores a US$1 millón realizados por ENAP al estudio jurídico Albagli Zaliasnik entre 2019 y 2025. La indagatoria busca esclarecer el origen de los recursos utilizados para pagar la defensa del exgeneral director de Carabineros Mario Rozas y determinar si existe alguna relación con los contratos que el bufete suscribió con la empresa estatal.
Los antecedentes incluyen siete contratos y dos modificaciones contractuales, además de registros de transferencias efectuadas por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y su filial Enap Refinerías S.A. Uno de los acuerdos bajo revisión corresponde a la representación de la estatal en un arbitraje internacional con la compañía española Duro Felguera.
La investigación adquirió relevancia por la coincidencia temporal entre ese contrato y las conversaciones entre el abogado Gabriel Zaliasnik y Luis Hermosilla sobre las gestiones para financiar la defensa de Rozas, quien enfrentaba causas vinculadas con violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.
Según el reportaje publicado por Reportea, el Ministerio Público solicitó a ENAP información sobre los contratos celebrados con el estudio desde 2018, los pagos efectuados, las cuentas bancarias receptoras y la identidad de los funcionarios responsables de las contrataciones.
La empresa respondió el 22 de junio y remitió copias de los acuerdos, sus modificaciones y una planilla con el detalle de las transferencias. Los registros internos citados en la investigación dan cuenta de pagos por más de US$1 millón entre 2019 y 2025.
El contrato que concentra parte importante de la atención corresponde a la representación de ENAP en un litigio internacional con Duro Felguera, relacionado con el proyecto Cogeneradora Aconcagua, ubicado en Concón.
El acuerdo fue firmado el 8 de julio de 2020, aunque su periodo de vigencia comenzó el 25 de junio del mismo año. La autorización estuvo a cargo de Tatiana Munro, entonces gerenta legal de la estatal.
La fecha de inicio del contrato coincidió con las gestiones que aparecen en las conversaciones entre Zaliasnik y Hermosilla para conseguir financiamiento para la defensa de Rozas. La Fiscalía busca establecer si existe una conexión entre ambos asuntos; la coincidencia temporal, por sí sola, no acredita una relación financiera.
ENAP señaló en los antecedentes entregados al Ministerio Público que la propuesta de Albagli Zaliasnik fue evaluada junto con otras dos ofertas y resultó ser la mejor propuesta económica.
El abogado Jorge Gálvez, representante de Zaliasnik, descartó irregularidades en los contratos con ENAP. Según su versión, la relación comercial entre la estatal y el estudio comenzó en mayo de 2019, cuando Antonio Rubilar dejó su puesto como abogado senior de la Gerencia Legal de la empresa para incorporarse al bufete.
La defensa sostiene que ENAP ya mantenía diferencias contractuales con Duro Felguera y había recurrido al abogado Felipe Bulnes para preparar una eventual disputa legal. Tras la demanda presentada por la compañía española el 14 de mayo de 2020, Bulnes habría dejado el encargo y Albagli Zaliasnik asumió la representación de la estatal.
De acuerdo con Gálvez, la empresa evaluó tres propuestas para el litigio y eligió la más económica. Además de Albagli Zaliasnik, participaron Wagemann y Asociados y Molina Ríos Abogados.
Respecto del arbitraje internacional, la defensa cifró en aproximadamente US$435.000 los honorarios asociados al contrato. Ese monto se desglosaría en US$150.000 por asumir la representación, US$250.000 como premio tras el resultado favorable obtenido por ENAP en 2025 y US$35.000 vinculados con una medida cautelar.
Gálvez también afirmó que ENAP habría pagado $962,4 millones al estudio entre 2019 y 2025, más IVA y gastos relacionados con la representación. Según su versión, esos pagos no tuvieron relación con los honorarios por la defensa de Rozas.
Las cifras corresponden a los antecedentes y cálculos presentados por la defensa; no deben interpretarse como una determinación judicial sobre la existencia o inexistencia de irregularidades.
Las conversaciones entre Zaliasnik y Hermosilla forman parte de los antecedentes que examina la Fiscalía. En ellas se abordan gestiones para obtener recursos destinados a financiar los honorarios por la defensa de Rozas y se menciona a Loreto Silva, quien presidía el directorio de ENAP en ese periodo.
En un mensaje del 13 de mayo de 2020, Hermosilla escribió que pediría al exministro del Interior Andrés Chadwick insistir ante Silva. En otras conversaciones, Zaliasnik planteó la necesidad de hablar con la entonces presidenta de la estatal para definir cómo avanzar con la defensa.
La investigación busca esclarecer el alcance de esas gestiones y establecer el origen del dinero utilizado para pagar los servicios jurídicos. Los mensajes no prueban por sí solos que los recursos de ENAP se hayan destinado a ese propósito.
La defensa sostiene que los honorarios por la representación de Rozas fueron pagados por la ONG Nos Importan. Como respaldo, presentó una factura de Albagli Zaliasnik emitida el 3 de agosto de 2020 por $57,3 millones, con la glosa "asesoría legal Mario Rozas".
Después de recibir la documentación de ENAP, los fiscales decidieron judicializar la investigación que mantenían bajo reserva desde junio. Según los registros del Poder Judicial citados en la publicación, el 24 de julio comenzó a tramitarse una causa en el Séptimo Juzgado de Garantía por el delito de fraude al Fisco.
Esta indagatoria debe distinguirse de otra arista del caso Hermosilla, en la que Zaliasnik figura como imputado por antecedentes vinculados con presuntas irregularidades en nombramientos judiciales y otras gestiones.
El 6 de octubre, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, confirmó la calidad de imputado del abogado en esa arista y precisó que las causas aludidas no estaban formalizadas.
La investigación sobre los contratos de ENAP busca determinar si existieron irregularidades en las contrataciones o en el eventual financiamiento de la defensa de Rozas. Hasta ahora, los antecedentes descritos no permiten afirmar que se haya acreditado un delito ni que los pagos de la estatal hayan financiado los honorarios cuestionados.
La defensa de Zaliasnik mantiene su rechazo a cualquier irregularidad y sostiene que el contrato con ENAP correspondió a servicios jurídicos independientes de la representación de Mario Rozas.
