Este lunes, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) informó que evalúa entregar el edificio del INDH, en toma desde julio de 2021, a la Asociación Nacional de Funcionarios Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, si se cumplen sus peticiones.

Mediante un comunicado, desde la ACES entregaron una serie de exigencias al gobierno para deponer la toma que lleva más de ocho meses, en relación a la solicitud de desalojo ingresada por el director del INDH, Sergio Micco, hace una semana.

Primero, la ACES pidió que se reconozcan las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y que se inicie el procedimiento judicial correspondiente contra Sebastián Piñera, ante los crímenes de lesa humanidad que habría cometido, “puesto que es el responsable político de las consecuencias que viven nuestros compañeros y sus familias”. De igual forma, expresaron que “deben ser enjuiciados todos los agentes del Estado que accionaron de forma directa violentando a nuestro pueblo”.

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“No permitiremos que sigan impunes los responsables políticos y directos, pero además para que no haya repetición, exigimos la disolución de Carabineros de Chile y la refundación de los demás agentes del Estado”,  añadieron desde la ACES.

Igualmente, las y los estudiantes pidieron “reconocer la prisión política en Chile y la libertad sin condiciones a nuestras compañeras y compañeros presos políticos quienes son enjuiciados por ser luchadores sociales que buscan mejorar las condiciones de nuestro pueblo”.

También, “que se respete y aplique el principio de probidad para evitar los conflictos de interés que han ocurrido en los diferentes juicios que se han aplazado, puesto que han utilizado el mecanismo de extender de forma excesiva la prisión preventiva y han aplazado los procedimientos en lo que se buscan enjuiciar a los agentes del estado y particulares que han sido mandatados a asesinar a nuestros compañeros”.

Desde la asamblea solicitaron además “reabrir aquellos procesos judiciales en los cuales no se ha cumplido el principio del debido proceso, en específico los casos de calcinados que se ejecutaron en la revuelta y donde aún no existe investigación ni enjuiciamiento de los responsables”.

Llaman al gobierno a “cumplir las promesas que hizo”

“Exigimos de forma urgente una ley de reparación integral para todas las víctimas de la represión estatal la cual no tan solo se encargue de los afectados directos como lo son los sobrevivientes y presos y presas políticas, puesto que las experiencias que los obligaron a vivir también han generado repercusiones en sus familiares”, fue otra de las solicitudes, de acuerdo con el comunicado.

Finalmente, pidieron ampliar el Programa Integral de Reparación Ocular “hacia todos los que hemos sido sobrevivientes del terrorismo de Estado, junto a sus familias. Instamos al gobierno a cumplir con las promesas que hizo y a responder públicamente las demandas que no solo hemos coordinado desde la toma, sino que han sido síntesis de los diversos encuentros de sobrevivientes de la represión estatal, familiares de asesinados y presos políticos”.

“Llamamos a la sociedad en su conjunto a ponerle freno a la cruzada impulsada por Micco para criminalizarnos, porque esto sería formar parte de un desalojo que significaría un violento proceso de revictimización para quienes vivieron la violencia estatal”, concluyeron desde la ACES.