En una nueva conmemoración del 8 de marzo en Chile, Día Internacional de la Mujer que reivindica la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro a la par de los hombres, como país estamos ad portas de presenciar la llegada al poder de un gabinete ministerial paritario de la mano del Presidente electo Gabriel Boric, y de votar por una nueva Carta Magna redactada con paridad y perspectiva de género.
Por un lado, cabe destacar los grandes avances que ha logrado la lucha feminista en el país, pero se hace igualmente necesario analizar los obstáculos que se han debido atravesar por acercar el camino a la equidad de género, en el escenario actual de Chile, con una violencia femicida que se ha mantenido sostenida a lo largo de los años, además de desigualdades en el ámbito económico y laboral, que se vieron incrementadas con la llegada de la pandemia del COVID-19.
En los últimos cinco años, frente a distintas situaciones de inequidad que no han podido ser resueltas por las vías judiciales o institucionales, la articulación social feminista ha surgido como respuesta. Ya sea presionando a las instituciones, a los medios de comunicación, acompañando a las familias de las víctimas o realizando labores para dar visibilidad a ciertas situaciones, el trabajo de las organizaciones ha conseguido impulsar los avances tan necesitados en igualdad de género.
El año 2017 ocurrieron 69 femicidios consumados, de acuerdo con datos de la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer. Cinco años después, solo 25 de los femicidas han recibido una sentencia. El 2018 se registraron 59 femicidios, por los cuales solo 13 femicidas han recibido una sentencia. Con el paso del tiempo, la distancia entre los crímenes y las penas cumplidas por sus ejecutores se ha hecho mayor. Esto, considerando que en los últimos cinco años han ocurrido 305 femicidios consumados, y que de ellos, solo 48 femicidas han sido sentenciados. Hasta marzo del 2022, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género cifra en 8 los femicidios consumados, y en 20 los frustrados.
Dentro de estas cifras se debe considerar, por un lado, que un porcentaje de los crímenes resultaron en el suicidio del femicida. Pero por otro lado, también existen casos de homicidas que han sido liberados por cumplir con las condiciones de la justicia chilena, y que han reincidido en sus crímenes. Para la doctora Sonia Brito Rodríguez, experta en género de la Universidad Autónoma de Chile, “el problema del castigo a los femicidas es que pueden obtener beneficios”.
“Uno de los casos más emblemáticos es del de Hugo Bustamante, asesino de Ámbar Cornejo quien había estado en la cárcel por un crimen anterior y que perpetró los hechos mientras estaba en libertad condicional. Lo mismo ocurre en el caso reciente de Francisco Pinilla quien mata a su pareja después de haber salido de la cárcel hace dos semanas por un delito de homicidio”, recuerda la Directora del Grupo de Investigación Género y Sexualidades en contextos de diversidades culturales, en conversación con El Desconcierto.
La académica explica que “ciertamente, el problema es más amplio, pero el sistema judicial tiene una responsabilidad al dejar libre a estas personas que son un peligro para la sociedad. Aquí se despliegan temas de educación, de reinserción social, pero el hombre que está acostumbrado a resolver los conflictos a través de la violencia extrema tiene escasas probabilidades de construir una nueva relación si no es a través de un proceso complejo y que demanda la activación, coordinación y coherencia de los dispositivos de Estado”.
En su primer informe sobre Salud Sexual, Salud Reproductiva y Derechos Humanos en Chile, que evaluaba los avances hasta el 2016 en el país, la Corporación Miles hacía notar las deficiencias en el acceso a la salud y cómo afectaba a la regulación de la natalidad. Ese año, advertían “una deuda pendiente del Estado chileno para garantizar que las políticas de regulación de fertilidad sean eficientes y en sintonía con los derechos sexuales y reproductivos”.
Enfatizaban además que hasta esa fecha no se había logrado realizar algún tipo de evaluación oficial de la regulación de la fertilidad en la población, sólo existiendo como registro una encuesta levantada en el año 1975. De acuerdo con datos de la mencionada publicación, al 2016 1.385.901 personas se encontraban bajo un método de regulación de la fertilidad, con el método hormonal oral combinado (píldoras anticonceptivas) siendo el más utilizado por la población femenina (30,6 %).
Y el 2021, la encuesta a consumidoras de ACO de la misma Corporación señalaba que, del universo encuestado, los anticonceptivos orales seguían siendo el principal método utilizado por las personas encuestadas, aumentando considerablemente a 71%. Pero con la llegada de la pandemia del COVID-19 a Chile, la salud sexual de las mujeres se vio duramente afectada. Una encuesta de Miles sobre el acceso a la salud reproductiva reveló que 44% del total de participantes presentó alguna dificultad para acceder a la salud sexual en el contexto de la pandemia, a causa de aumentos en los precios, la falta de stock de ciertos medicamentos, y que los centros de salud no estaban prestando el servicio y/o se cancelaron horas solicitadas.
Además, el año pasado fue revelado que las pastillas anticonceptivas vendidas en Chile aumentaron su precio en un 18,8% por la crisis sanitaria, sin que el gobierno desplegara medidas estatales para regular esta alza. Antes de la pandemia, el gasto promedio mensual en estas píldoras era de 12.322 (alrededor de 15 dólares), mientras que en mayo de 2021 este gasto ascendió a 14.649 pesos (18,6 dólares). Lo anterior, sin considerar la grave vulneración gatillada por la distribución de pastillas anticonceptivas defectuosas.
En enero de 2022, tres instancias de la ONU pidieron al Estado chileno “reparar” a las 200 mujeres que quedaron embarazadas tras consumir anticonceptivos defectuosos entregados por el sistema público de salud, informó la ONG internacional Women’s Link Worldwide. Así, le solicitaron a Chile adelantar un estricto control para garantizar la calidad y eficacia de las pastillas anticonceptivas, y ampliar el marco legal para el acceso a los servicios de aborto en el país.
Marina Esponda Conejeros, coordinadora del Frente Feminista de Revolución Democrática en la Región Metropolitana, explica a El Desconcierto que “ya vivíamos una situación precarizada, y la respuesta del gobierno fue muy deficiente. La situación de los anticonceptivos demostró la carencia de nuestras instituciones de responder ante complicaciones que nos han afectado directamente a nosotras. Estuvimos bastante tiempo hablando sobre los anticonceptivos defectuosos, sin tener respuesta satisfactoria por parte de nuestras instituciones”.
“Nos enteramos gracias a una carta del Colegio de Farmacéuticos que la respuesta había sido muy deficiente por parte de nuestras instituciones y autoridades. La cuestión continúa, no se hacen cargo, y nadie sabe dónde están los responsables de esta situación. Se dice que se ‘va a arreglar el problema’ cada vez que sale una noticia de eso, y no vemos gente responsable de estos errores. Ya tenemos una situación deficiente con nuestros derechos sexuales y reproductivos, no tenemos una ley de aborto, no tenemos educación sobre nuestros derechos, y esto simplemente suma a una situación que, en el contexto de crisis, se vuelve aun más complicada”, analizó.
La encuesta GFK Adimark del Fútbol 2017 retrataba, en parte, la realidad chilena frente al deporte, considerado uno de los más populares en el país. Hace cinco años, 30% de las mujeres encuestadas decía sentir interés por el fútbol, pero solo 2% lo jugaba. A causa de la pandemia del COVID-19, el último sondeo afín data del 2019, donde 40% de las mujeres decían interesarse por el fútbol. Pese a un incremento de 10 p.p. en solo dos años, de acuerdo con la GFK Adimark del Fútbol 2019, el índice de mujeres que juegan fútbol se mantuvo en 2%.
Y según revela la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (ANJUFF), constituida el 2016, la renuencia al deporte no es ajena a la falta de apoyo monetario que se le da al fútbol femenino, independiente de los resultados que entreguen los equipos. Una encuesta de octubre de 2021 señalaba precisamente esta realidad: 83% de las jugadoras de fútbol no recibe remuneración, y solamente un 4,4 por ciento de ellas tiene un contrato laboral con el club al que pertenece, de las cuales todas pertenecen a primera división.
En contraste, los jugadores masculinos de la segunda división ganan, mensualmente, un sueldo promedio entre $3.000.000 y $2.500.000. Los de la primera división, reciben un salario de $9.000.000 en promedio.
Por otro lado, el trabajo realizado en conjunto con la Universidad de Chile, también da cuenta de conductas inapropiadas y acoso sexual hacia las jugadoras de fútbol, situación que afecta particularmente a mujeres entre los 15 y 25 años. Sobre la afirmación 'Algún miembro de tu equipo te ha hecho sentir incómoda con alguna actitud física' (acercamiento físico, tomar por la cintura, besos en la mano, etc.), se observó que en el tramo entre 15 y 20 años, el 1,4 % indica con frecuencia y un 5,0 por ciento casi nunca. En el tramo entre 21 y 25 años, el 6,5 por ciento respondió casi nunca.
En noviembre de 2021, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, advertía sobre preocupantes efectos de la pandemia en la población, asegurando que el COVID-19 en el mundo ha provocado un retroceso de más de 18 años en la participación laboral de la mujer en América Latina y el Caribe. La ex mandataria señaló que son las mujeres y las niñas las que “han absorbido mayoritariamente las necesidades de cuidados creadas por la pandemia, sacrificando sus empleos y su educación”.
Datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) corroboran lo expresado por la mandataria. Si bien hace cinco años la tasa de participación femenina nacional alcanzó un 48,5%, que se mantuvo el 2018 y aumentó a 52,5% el 2019, esa cifra decreció a 45,3% el primer año de la pandemia, y a 46,4% el 2021. Además, tan pronto llegó la pandemia del COVID-19, 828.456 mujeres salieron del mercado laboral, al comparar con igual período de 2019, según datos del INE.
En su momento, la alta comisionada de la ONU apuntó también a la necesidad de reconocer el valor económico del trabajo de cuidados, tanto el remunerado como el no remunerado, además de garantizar un reparto equitativo de las responsabilidades de cuidados dentro de las familias, así como con el Estado y el mercado. A menos de cuatro meses de las palabras de Bachelet, el Banco Mundial informó la semana recién pasada que 2.400 millones de mujeres en edad de trabajar no tienen igualdad de oportunidades económicas, y que en América Latina y el Caribe, las mujeres acceden a menos de tres cuartas partes de los derechos legales que se otorgan a los hombres.
“Esto es un reflejo de una situación que se venía arrastrando desde hace mucho tiempo, sobre la forma en la que ocurrió la inserción laboral de las mujeres. Si bien significó una mayor participación en el área productiva de la sociedad, las mujeres nos seguimos haciendo cargo del área reproductiva, todo lo que es trabajo de cuidado. La corresponsabilidad, si bien ha avanzado, ha sido a mucho menor nivel que el avance de la mujer en el trabajo productivo. Ahí vemos cómo las mujeres terminan con una doble o triple jornada”, analiza Esponda.
Ante la falta de respuesta de las instituciones y la justicia en situaciones de inequidad, han sido las organizaciones feministas o de mujeres las que se han ido coordinando para, por ejemplo, hacer visible la cara del violador que provocó el suicidio de una joven que hasta la presión social se mantenía impune, creando espacios de articulación para visibilizar la precariedad en la que se encuentran otras mujeres, o derechamente instando a la protesta contra situaciones de abuso en espacios educativos.
De acuerdo con Brito, parte de los avances en materia de género se ha logrado desde la normativa, pero hay un gran factor que surge “desde las familias, las escuelas, los movimientos sociales. Es decir, la paridad de los y las constituyentes fue posible gracias al movimiento ciudadano. Ahora bien, lo importante es el cambio de mentalidad. Es decir, ¿cuánto ha avanzado la ciudadanía en reconocer que las mujeres históricamente hemos estado en una situación de desventaja en comparación con los hombres?”.
Para la experta, “aquí está la importancia de la conmemoración del 8M, como una visibilización de las mujeres que marchan en pos de una sociedad más equitativa y no sólo por ellas, también por sus compañeros, hijos, ancianos, comunidad LGTBIQ+, es decir por el anhelo de una sociedad que se relacione de una forma distinta”.
Para Marina Esponda, “lo más positivo de esos últimos años han sido los cambios empujados por el movimiento feminista, tanto a nivel local como regional. Me acuerdo de las movilizaciones de las universitarias el 2018 que causaron un gran impacto, e hicieron que todo Chile estuviera hablando de violencia de género, de la situación de acoso que vivían las universitarias, pero también se trasladó la discusión a otros sectores de la sociedad. Eso fue muy positivo porque visibilizó un tema”.
También ha habido un avance a nivel regional, en Argentina, Colombia, han habido avances en temas de derecho a aborto, eso ha sido positivo pero la crisis de la pandemia nos ha perjudicado aun más a nosotras, y la respuesta de nuestro gobierno no fue con perspectiva de género, de partida, no se han hecho cargo de nuestros derechos tampoco en los casos de violencia, que se dispararon con la pandemia.
“Tuvimos cuatro ministras que renunciaron, que las cambiaron durante el gobierno de Piñera… hubo una época cuando habíamos recién empezado la pandemia que estuvimos casi dos meses sin ministra. ¿Cómo es posible esa situación? Me acuerdo que había renunciado Plá y se demoraron más de un mes por lo menos en reemplazarla, así que en ese sentido ha sido muy negativa la respuesta de nuestro gobierno”, concluye.
“El ser un gobierno feminista significa cambiar la manera en la cual nos relacionamos, con la cual vemos el mundo”, expresaba la semana pasada el Presidente electo, Gabriel Boric. A días de asumir el mando, el diputado magallánico ha mantenido el discurso de construir un gobierno paritario, feminista, con perspectiva de género. Construyendo un gabinete con paridad entre sus integrantes, designando una ministra de la Mujer y Equidad de Género abiertamente feminista y a favor del derecho de decidir de las mujeres, las decisiones del equipo del mandatario electo dan la impresión de encaminarse hacia un país donde se tomen decisiones hacia la equidad.
Junto al Ejecutivo, en el Legislativo también se pueden observar algunos avances en los últimos cinco años. En noviembre de 2017, el Servicio electoral celebraba que 23% de mujeres candidatas fueron electas en las parlamentarias, primeros comicios que se desarrollaron bajo la ley de cuota de género. Ese año, en la Cámara de Diputadas y Diputados, de los 155 escaños 33 los obtuvieron mujeres, número que ascendió a 35 por las diputadas designadas Nora Cuevas y Marcela Sandoval.
Y en las últimas elecciones, en la Cámara de Diputadas y Diputados de los 155 escaños, 55 los obtuvieron mujeres, demostrando un aumento en 22 parlamentarias, provocando que las mujeres ocupen un tercio del total de la Cámara Baja. En el Senado, en tanto, se mantuvieron los escaños. Seis fueron electas el 2017, seis el 2021, manteniendo una cuota de 12 mujeres dentro de la Cámara Alta para este 2022.
Sobre el aumento de la participación femenina en la política, Sonia Brito reconoce que es un logro, “aunque todavía es necesario seguir avanzando en la paridad de género”. Para la especialista, “la consigna no es política compensatoria o afirmativa, es hacer un real reconocimiento a los talentos, competencias y capacidades de las mujeres, abrir e impulsar espacios para su desarrollo. Sin embargo, creo que el problema es más profundo que el análisis cuantitativo en tanto que la política sigue siendo un asunto de hombres”.
“La forma de organizarse, de expresarse, de convocarse, aún tiene lógicas patriarcales que las mujeres denuncian, a modo de ejemplo, en los centros de estudiantes de educación superior. Entonces, más allá del dato cuantitativo es necesario transformar la política desde lógicas sororas donde el acento no sea la lucha partidista ni la competencia sino la búsqueda de la justicia social y un mejor bienestar para la ciudadanía. Es decir, podemos tener más representantes mujeres en política, pero con una lógica patriarcal, o sea, no basta con sumar más diputadas y senadoras, lo que importa es que estas mujeres tengan una mentalidad feminista/mujerista que logre las rupturas de cosmovisiones patriarcales que ya no responden a los nuevos desafíos de la sociedad que no soporta más la desigualdad”, cerró Brito.