El Ministerio Público ingresó una solicitud en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para formalizar a tres ex funcionarios del Ministerio de Salud por presuntos delitos cometidos en la contratación de residencias sanitarias.

Uno de los funcionarios que sería imputado es el ex jefe de la Divap (División de Atención Primaria), Orlando Andrés Durán, quien sería formalizado por fraude al fisco y negociación incompatible.

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En específico, los ilícitos se habrían cometido en la contratación por $205 millones del hotel Clínica SpA para recibir personas contagiadas con COVID-19. Sin embargo, esta empresa habría estado vinculada Durán y de acuerdo al registro de sociedades del Ministerio de Economía fue creada el 24 de marzo del 2020, después de la llegada de pandemia a Chile, según indicó Emol.

Los otros funcionarios que serán formalizados son D'Angelo Ignacio Sergio Iasalvatore Silva, también funcionario de la Divap, y Alexandra Andrea González Silva, quien se desempeñaba en el Minsal y fue quien constituyó la empresa que está en la mira de la Fiscalía.

Conflicto de interés y sin autorización sanitaria

Destalles sobre este caso fueron incluidos en una querella de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH). En la acción judicial acusaron que "al mes de mayo de 2020 —época de la contratación directa—, el hotel (Clínico SpA) figuraba vinculado a negocios de la empresa hotelera Smart Apart, de propiedad de Orlando Andrés Durán Ponce, matrón, ingeniero comercial y militante de la UDI, quien ostentaba el cargo de jefe de la División de Atención Primaria del Minsal".

Luego, agregan que Durán "era responsable de coordinar, justamente, las residencias sanitarias a nivel nacional en el contexto de la pandemia, y cuyo superior directo era el querellado, Luis Arturo Zúñiga Jory".

"Se observa que (Durán) habría tenido la oportunidad de emplear en beneficio propio y de terceros información a la que tenía acceso en razón de la función pública ejercida, y de esta manera, pudo hacer valer indebidamente su posición funcionaria con ese fin, en circunstancias que tanto él como la representante del Hotel Clínico SpA. tenían interés", complementa la querella.

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Los antecedentes ya habían sido investigados por la Contraloría General de la República, institución que detectaron una "falta de lineamientos y control en contratos de residencias sanitarias, entre ellas, el caso de un ex jefe de DIVAP con el Hotel Clínico Spa: conflicto de interés y sin autorización sanitaria". El organismo fiscalizador envió los antecedentes al Ministerio Público.

Tras la presentación de la solicitud de formalización, la Justicia dio a la Fiscalía como plazo máximo el próximo 21 de marzo. Además, persecutores indagan posibles delitos similares en Santiago, Iquique, Antofagasta, Mejillones y Viña del Mar.