Las mayorías en el Senado del gobierno de José Antonio Kast quedaron en duda tras el nuevo desafuero que recibió el senador Miguel Ángel Calisto, por corrupción.
Miguel Ángel Calisto y nuevo desafuero en su contra - Agencia Uno
El senador Miguel Ángel Calisto enfrenta un segundo desafuero en una investigación penal por corrupción vinculada a presuntas irregularidades en el uso de asignaciones parlamentarias durante el período en que se desempeñaba como diputado.
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió por unanimidad la solicitud del Ministerio Público el 6 de octubre de 2026, permitiendo que el procedimiento penal pueda avanzar una vez que la resolución quede ejecutoriada.
La indagatoria se inició en 2021, a partir de una denuncia anónima, según antecedentes entregados por el propio Calisto y publicaciones sobre el origen del caso. La investigación se relaciona con hechos ocurridos entre 2018 y 2022, cuando el parlamentario ejercía como diputado.
La tesis del Ministerio Público apunta a presuntas irregularidades en la utilización de asignaciones parlamentarias y a la contratación de servicios que, según la acusación, no habrían sido efectivamente prestados. Los antecedentes incorporados al proceso también involucran a otros imputados.
En junio de 2025, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella contra Calisto, Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein por presuntas maniobras destinadas a desviar recursos provenientes de asignaciones parlamentarias hacia fines no contemplados en la legislación presupuestaria.
El 4 de agosto de 2025, la Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió la solicitud de desafuero presentada contra Calisto en el marco de esta investigación. La defensa podía recurrir ante la Corte Suprema.
El 29 de septiembre de 2025, el máximo tribunal confirmó la decisión en un fallo dividido. Con ello, el Ministerio Público quedó habilitado para avanzar en la persecución penal respecto del entonces diputado.
Pese a todo esto, la gente votó por Calisto y fue elegido senador por Aysén en las elecciones parlamentarias de noviembre de 2025. Al asumir el nuevo cargo, la Fiscalía solicitó un nuevo desafuero para continuar el procedimiento penal en su contra.
El 14 de enero de 2026, Calisto fue formalizado junto a Carla Nicole Graff Toledo, Roland Andrés Cárcamo Catalán y Felipe Ignacio Klein Vidal por hechos que el Ministerio Público atribuye a delitos reiterados de fraude al Fisco.
Tras la audiencia, el Juzgado de Garantía de Coyhaique suspendió el procedimiento respecto del parlamentario debido a su condición de senador y al fuero asociado al nuevo cargo. El tribunal había fijado un plazo de investigación de 120 días.
La Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado apelaron. El 6 de febrero de 2026, la Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió los recursos y ordenó reanudar el procedimiento contra Calisto.
El 26 de junio de 2026, el Ministerio Público presentó una acusación contra ocho imputados por los delitos de fraude al Fisco y fraude de subvenciones, ambos en carácter reiterado. Para Calisto solicitó una pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio, de acuerdo con la acusación.
La investigación apuntaba a un perjuicio para el Estado superior a $100 millones. Sin embargo, posteriormente el Juzgado de Garantía de Coyhaique ordenó reabrir la investigación para la realización de diligencias precisas y determinadas.
Tras la ejecución de esas diligencias, la Fiscalía cerró nuevamente la investigación el 4 de septiembre de 2026 y reingresó la acusación contra los ocho imputados. La defensa intentó ampliar nuevamente el plazo investigativo, pero el tribunal rechazó la solicitud.
El 16 de septiembre de 2026, la Corte de Apelaciones de Coyhaique rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Calisto contra la resolución que había descartado ampliar el plazo de investigación.
La decisión mantuvo el cierre de la investigación, en una causa donde el Ministerio Público acusa a ocho imputados por fraude al Fisco y fraude de subvenciones reiterados y sostiene que el perjuicio para el Estado supera los $100 millones.
Con la investigación cerrada y la acusación presentada nuevamente, la Fiscalía solicitó el desafuero de Calisto en su condición de senador.
El 6 de octubre de 2026, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió por unanimidad la solicitud. El tribunal consideró que los antecedentes reunidos permiten apreciar que los hechos incluidos en la acusación tienen mérito y resultan plausibles, además de estimar que existen antecedentes serios respecto de la existencia del ilícito y de la participación atribuida al parlamentario.
Tras conocer la decisión, el senador anunció que recurrirá ante la Corte Suprema y sostuvo que ejercerá las acciones que contempla la legislación para defenderse.
El segundo desafuero corresponde a la misma investigación penal iniciada en 2021, vinculada a hechos ocurridos durante su período como diputado. Actualmente, Calisto enfrenta una acusación del Ministerio Público por fraude al Fisco y fraude de subvenciones reiterados, con una solicitud de pena de hasta 12 años de presidio, pero no existe una condena penal en su contra.
