La comisión de Sistemas Políticos de la Convención que redacta la nueva Constitución de Chile discutirá el lunes la posibilidad de que Chile se quede sin Senado, una cámara que podría ser reemplazada por un Consejo Territorial, con funciones más acotadas.

Se trata de una iniciativa del colectivo de centro-izquierda de la citada comisión, que propone una segunda cámara, que funcionaría en paralelo a la Cámara de los Diputados, con capacidad legislativa pero con atribuciones relativas a materia regional.

El abogado y constituyente independiente Fernando Atria detalló esta semana que este consejo se encargaría del proceso legislativo en cuestiones relativas a "presupuesto, competencias y funcionamiento de órganos regionales, división política administrativa del país y mecanismos de equidad fiscal territorial".

La norma, que debe prosperar en la comisión esta semana y luego pasar al pleno -donde requiere del apoyo de dos tercios del órgano- ha generado mucha polémica y críticas.

Desde la derecha, que son minoría en la asamblea, sostienen que esta disposición es una forma "encubierta" de establecer un sistema unicameral, mientras que desde la izquierda afirman que es una vía intermedia que podría contentar tanto a los unicameralistas como bicameralistas.

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Para el constituyente Raúl Celis, miembro de la comisión, "esto transforma el Senado actual en una especie de caricatura".

"Es un unicameralismo maquillado (...) y un golpe fuerte a quienes estamos por lograr acuerdos y lograr la mejor Constitución posible", dijo.

"Esperaría que esta propuesta le haga sentido a la mayoría de los constituyentes, incorpora un componente importante de deliberación de las regiones, mantiene la idea de un Congreso unicameral y eso es relevante", señaló por su parte el comunista Marcos Barraza.

La Convención, de tendencia progresista y con un gran número de ciudadanos independientes, tiene la tarea de redactar la primera Carta Magna que emana de un proceso plenamente democrático en Chile.

En caso de aprobarse en un plebiscito de salida, el texto sustituiría a la Constitución actual, heredada del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) y considerada por muchos como el origen de las grandes desigualdades del país por su corte neoliberal.

El proceso constituyente nació como vía política para desarticular la ola de masivas protestas que comenzó en 2019, una crisis que dejó una treintena de fallecidos, miles de heridos y removió los cimientos de Chile, uno de los países más estables de América Latina.