En una noticia que complica los planes del Presidente Sebastián Piñera, este viernes, la Corte de Apelaciones de Copiapó suspendió el proceso de licitación del litio que se había adjudicado esta semana.

Esto, luego de acoger a trámite el recurso de protección presentado por el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, por lo que la corte decidió dictar una orden de no innovar.

“Lo que hay en esta licitación que inició la actual administración (de Sebastián Piñera) es precisamente una falta de consenso, porque lo que ha pedido el gobierno electo es que esta discusión se retrase, que no se anticipe en decisiones porque aquí está en juego una alternativa real de desarrollo innovador, con investigación para las regiones y el país”, declaró el gobernador.

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"El recurso litio sólo será una alternativa real de desarrollo para el país y sus regiones en la medida que se considere la opinión de todos y todas, el litio está reconocido en nuestra Constitución como un producto estratégico, que es de propiedad de todos los chilenos y chilenas, por lo tanto, cualquier definición asociada a este producto y dada esa condición, lo que requiere es un gran consenso", añadió Vargas.

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La acción judicial presentada por el gobernador de Atacama era dirigida contra el biministro Juan Carlos Jobet y el subsecretario de Minería, Edgar Blanco, por violar garantías constitucionales como el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación.

Licitación del litio

Cabe recordar que, este miércoles, y antes de la sesión en el Congreso que iba a discutir el tema, el gobierno de Piñera anunció la adjudicación de la licitación del litio a dos empresas.

Se trata de la empresa china BYD Chile SpA y la nacional Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A, las cuales se adjudicaron una cuota de 80.000 toneladas de litio metálico comercializable (LME) cada una.

Esta decisión trajo una serie de críticas, como la del Presidente electo, Gabriel Boric, quien aseguró que “esta era una atribución exclusiva del gobierno de Chile en ejercicio y nos parece que es una mala noticia y me recuerda a esas leyes de amarre que se hacían a última hora cuando un gobierno ya está dejando sus funciones”.

“Finalmente, amarran a todos los chilenos en este caso, si mal no recuerdo, por 20 años, lo que es algo que vamos a revisar, por cierto, con nuestros equipos y mantenemos nuestra disposición a la creación de una empresa nacional de litio, que además actúe en consideración de las comunidades, el cuidado de los salares, el desarrollo productivo nacional”, añadió.

¿Qué pasa ahora?

De acuerdo a la resolución de la Corte de Apelaciones de Copiapó, se dio un plazo de de 10 días para que la parte recurrida entregue un informe sobre la materia.

"La Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por la ministra Marcela Araya Novoa, el fiscal judicial Carlos Meneses Coloma y la abogada (i) Verónica Álvarez Muñoz– acogió la solicitud del gobernador regional de Atacama Miguel Vargas, y de comunidades indígenas, respectivamente, de forma unánime", informó el Poder Judicial.