Un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) reveló que el gobierno entregó millonarios fondos correspondientes al Bono COVID a personas que no debían recibirlo, entre los que figuran 361 beneficiarios fallecidos y 43 concejales.

Este beneficio estatal estableció durante los primeros meses de la pandemia un pago de $50 mil por hogar para "el 60% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH). Sin ingresos formales por trabajo ni por pensión, y sin beneficios como el de Asignación Familiar".

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Sin embargo, de acuerdo al ente fiscalizador, hubo $5.036 millones que se entregaron a personas que tenían registros de tener un trabajo formal, lo que se pudo constatar a través de cotizaciones de salud y emisión de boletas de honorarios.

Según detalló el informe, las nóminas para este beneficio estatal fueron formulados por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en ese entonces a cargo de Cristián Monckeberg, actual convencional constituyente. Estos listados posteriormente fueron recibido por el Instituto de Previsión Social (IPS), quienes ejecutaron los pagos.

Personas fallecidas y concejales

Respecto a las personas fallecidas, Contraloría expuso que Suseso y el gobierno entregaron una lista que indicaba como beneficiaros del bono a 2.508 personas que ya habían fallecido, de acuerdo al informe que fue difundido íntegramente por Radio Biobío.

Sin embargo, tras el filtro del ISP, el monto fue pagado solamente a 361 de ellos, equivalentes a $22 millones.

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En cuanto a los concejales, quienes no deberían haber recibido el bono por recibir un pago por su función pública, el Ejecutivo y la superintendencia indicaron a 53 de ellos como beneficiaros, de los cuales 43 recibieron el monto.

Respuesta del gobierno

Desde el Ejecutivo respondieron a los hallazgos de la CGR afirmando al medio ya mencionado que "dicha información tiene rezagos naturales y pudo no reflejar en tiempo real la situación de las familias ante un contexto de alta incertidumbre y volatilidad, y con un nivel de fallecimientos mayor a un año normal".

El gobierno aseguró que posteriormente al pago de este beneficio han implementado modificaciones a la metodología de construcción de los registros para evitar errores.