La noche de este martes el Senado rechazó la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera al no alcanzar los 29 votos a favor del libelo acusatorio, equivalentes a dos tercios de la Cámara Alta.

El primer capítulo referido a que el Mandatario habría infringido la Constitución y las leyes contó con 24 votos a favor, 18 en contra y 1 abstención, mientras que el segundo capítulo relativo a haber comprometido gravemente el honor de la nación, obtuvo 22 votos a favor, 20 en contra y 1 abstención.

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Las preferencias en la Cámara Alta siguieron la lógica esperada: los senadores de oposición aprobaron la acusación, mientras que los oficialistas la rechazaron, salvo Manuel José Ossandón (RN), quien se abstuvo.

Además, los senadores de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla y Ximena Rincón, presidenta de la Cámara Alta, aunque aprobaron el primer capítulo del libelo, rechazaron el segundo.

Tras la votación, la senadora Rincón afirmó: "Hemos escuchado a todas las partes y cada uno de los senadores y senadoras se ha podido expresar. Se termina una etapa en este proceso donde se constata que no existían los votos que exigía la Constitución, en este caso 29, para proceder a la acusación constitucional".

Este juicio jurídico-político fue admitido hace una semana por la Cámara de Diputados, tras una alocución de 15 horas del diputado Jaime Naranjo (PS) para prolongar el debate hasta que llegó el parlamentario Giorgio Jackson (RD), quien debía cumplir una cuarentena hasta la medianoche del martes y tenía el voto necesario para que avanzara el libelo.

La acusación

La acción contra Piñera fue presentada luego de que la investigación periodística internacional Pandora Papers reveló un contrato de compraventa de la Minera Dominga que data del 2010 y fue firmado en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.

La transacción fue realizada entre una sociedad ligada a la familia Piñera Morel y otras relacionadas a Carlos Alberto Délano, quien es amigo íntimo del mandatario.

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El cuestionamiento más grande surgido tras la revelación del documento fue una cláusula de US$ 10 millones que beneficiaba a la familia del Presidente si no se aplicaban restricciones medioambientales en la zona del proyecto, decisión que en parte es tomada por el gobierno, que en ese momento era dirigido por Piñera.

La defensa de Sebastián Piñera, a cargo del abogado Jorge Gálvez, se basó en que el mandatario nunca tuvo conocimiento de esta transacción y argumentó que esto fue respaldado en una investigación del Ministerio Público por el caso Exalmar, lo que fue desmentido por la Fiscalía, organismo que inició una nueva investigación por la compraventa de Dominga en las Islas Vírgenes Británicas.

[caption id="attachment_701300" align="alignnone" width="900"] Diputados acusadores frente a defensa de Sebastián Piñera / Agencia Uno[/caption]

Defensa del Presidente

Respondiendo a los argumentos acusatorios, Jorge Gálvez aseguró que existe "la intención de distorsionar los hechos (...) El proyecto Dominga es un esfuerzo de un grupo de empresarios donde hay varios inversionistas pasivos, entre los cuales estaba la familia Piñera Morel. Ellos no eran los dueños, ellos no vendieron nada", aseguró.

El jurista continuó indicando que “al Presidente no solo lo ampara la presunción de inocencia sino que goza de una inocencia jurídicamente establecida, se requieren pruebas de culpabilidad, no como se ha dicho acá. Una investigación del Ministerio Público indica que los hechos que se le imputan no son efectivos. Destituir al presidente de la República es ir en contra de la voluntad democrática que lo eligió en las urnas”.

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En cuanto a la acusación en sí misma, Gálvez aseguró que “parte de ella se dedica a hacer una crítica a la trayectoria personal y política del presidente (…) Se nos plantea una falsa disyuntiva (o se hace un juicio político o uno jurídico). El juzgamiento de este tipo es mixto. Esto tiene como sanción 5 años de inhabilidad, así que no puede haber una sanción punitiva en base solo a juicios políticos”.

“Respecto a los capítulos acusatorios, se habla de los atentados a la probidad y el medio ambiente. Esto sería para favorecer al proyecto Dominga. Luego se hace referencia del incumpliendo de tratados internacionales. En una comisión investigadora de la Cámara Baja, la ministra de Medio Ambiente explicó por qué el presidente consideró inconveniente firmar el acuerdo de Escazú, esto no es algo personal”, insistió.

[caption id="attachment_701301" align="alignnone" width="900"] Abogado Jorge Gálvez / Agencia Uno[/caption]

Réplica de diputados acusadores

Durante la réplica, el diputado Leonardo Soto (PS) aclaró que el propio director del Servicio de Impuestos Internos indicó que no se puede asegurar que se hayan pagado impuestos y, sobre la alusión a un juicio político, el legislador se refirió a la carpeta investigativa desde la Fiscalía por "hechos que podrían ser constitutivos de crímenes".

En esta misma línea, el diputado Gabriel Silber (DC) agregó que el Presidente tiene la condición de imputado por cohecho, corrupción y soborno. "Por más que una mentira se repita hasta el cansancio, no se transforma en verdad (…) Lo más importante es dar una señal política".

Por último, la diputada Gael Yeomans refutó las afirmaciones de la defensa sobre la calidad de socios minoritarios de la familia Piñera Morel y argumentó sobre una acusación jurídico político y la prescripción de los hechos.

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Luego el abogado Gálvez respondió indicando que “no se puede imponer un castigo sin pruebas y acá no he escuchado ninguna. No se ha demostrado que no se ha pagado impuestos, el Servicio de Impuestos Internos ha dicho que no hay elusión ni evasión, existe una ignorancia y error manifiesto en materia impositiva en este libelo”.

Asimismo el jurista relató cómo se dio la aprobación técnica del proyecto Dominga en el marco del funcionamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad fundamentando que "no existió por parte del Presidente la omisión de la zona de protección ambiental en un área marina costera como se ha planteado".

Agregó que "en cuanto a la no firma del tratado de Escazú, no existe omisión en esto, porque el Presidente no tiene la obligación de firmar estas materias. No hay violación de obligaciones internacionales porque, para que estos instrumentos sean efectivos, debe cerrarse un proceso en el que participa el Congreso", concluyó.