Cuando restaban sólo pocos minutos para vencerse el plazo legal, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, presentó su respuesta y descargos contra la acusación constitucional presentada en su contra.

Fue un grupo de diputados de oposición quienes presentaron el libelo luego de estallar el escándalo de los ‘Pandora Papers’, que destapó los negocios que la familia Piñera hizo en la compraventa de minera Dominga, con una cuestionada cláusula firmada en los paraísos fiscales de Islas Vírgenes.

En el texto, presentado pasadas las 23:00 horas de este jueves 28 de octubre, Piñera asegura que la AC "es una ostensible maniobra político-electoral, que toma como base suposiciones, atribuye intencionalidades, confunde fechas y distorsiona reglas claras y precisas de nuestro ordenamiento jurídico (...) Las acusaciones son manifiestamente falsas, mañosamente relatadas y atribuyéndole intenciones en meras suposiciones".

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“Hay una intención de crear la falsa impresión de que habría privilegiado sus intereses personales por sobre sus deberes como presidente y que, en forma mañosa, el texto de la acusación intenta traer al presente una circunstancia ocurrida entre los años 2010 y 2011, correspondiente a una negociación entre empresas privadas, donde el Presidente de la República no tuvo participación ni conocimiento alguno", añadió.

Además, la defensa de Sebastián Piñera argumenta que "como es de público conocimiento, desde el año 2009, don Sebastián Piñera se desligó absolutamente de la gestión y administración de las empresas en que participaba", repitiendo la misma argumentación del mandatario en anteriores ocasiones.

Finalmente, la respuesta cierra asegurando que "no se trata sólo de respetar el principio de la presunción de inocencia, a la cual todos los ciudadanos tienen derecho, sino de una inocencia ya judicialmente declarada".

Este viernes, la comisión revisora de la acusación constitucional contra el Presidente Piñera, recibirá a su abogado defensor, Jorge Gálvez, para que explique el texto y sus alcances.

Tras esto, la instancia tendrá seis días como máximo para emitir el informe sobre si procede o no la AC, para ser votada por el pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados, en lo posible, la próxima semana.