El Gobierno de Bolivia informó este viernes que presentó una denuncia para pedir la “protección de los derechos” de una niña de 11 años abusada por su abuelastro, y sanciones contra quienes interfirieron en la interrupción de su embarazo.

En una rueda de prensa en La Paz, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, explicó que el recurso fue presentado ante un juzgado de Santa Cruz y que “se ha solicitado que se sancione” a los funcionarios y personas que “por acciones y omisiones han vulnerado los derechos humanos y la protección integral conforme al interés superior de la niña víctima”.

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Esa petición se extiende también a “terceras personas” ajenas al núcleo familiar de la menor como organizaciones no gubernamentales y religiosas que han tenido contacto con la menor y su madre para hacer que desistan en la interrupción del embarazo y prosiga su gestación.

La niña, que superó las 22 semanas de gestación, fue abusada por su abuelastro de 61 años que estaba a su cargo ya que sus padres debían viajar permanentemente por factores laborales en la localidad de Yapacaní. El agresor se encuentra detenido.

Intervención de la iglesia católica

El caso salió a la luz cuando la menor fue internada la pasada semana en el Hospital Percy Boland de Santa Cruz, en medio de una gran polémica, para después ser trasladada a un centro de acogida de la Iglesia católica.

Prada lamentó que terceras personas hayan ingresado al centro médico “a hacer una especie de reflexión a la niña de contenido altamente religioso, regalándole rosarios, regalándole vírgenes, dando explicaciones que por supuesto no corresponden”, cuando debía procederse con la intervención de su embarazo.

La Fiscalía de Bolivia comunicó este viernes que se ha admitido otra denuncia presentada por la Defensoría del Pueblo del país contra la iglesia, funcionarios del hospital y de las defensorías municipales de niñez y adolescencia de Yapacaní y Santa Cruz.

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En ese proceso se busca realizar la individualización de quienes son señalados por delitos como incumplimiento de deberes y desobediencia a resoluciones constitucionales además de trata de personas con fines de guarda y adopción, según un comunicado de la Fiscalía.

En Bolivia el aborto es considerado un delito, pero según las leyes tiene excepciones cuando de por medio hubo una agresión sexual, existe una malformación congénita o la vida de la madre está en peligro.

Por su parte, la iglesia expresó su “más firme repudio por la brutal violación” sufrida por la niña, pero insistió en que “ambas son vidas humanas independientes” y que “un crimen no se soluciona con otro crimen”.

En tanto, varios colectivos feministas de Bolivia se han manifestado en contra de quienes incidieron para que no se efectúe la interrupción del embarazo de la menor, adhiriéndose a la denuncia interpuesta por la Defensoría del Pueblo. Asimismo, el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia consideró que someter a una niña a un embarazo forzado “está calificado como tortura”.