El abogado Jorge Gálvez, defensor de Sebastián Piñera ante la acusación constitucional contra Sebastián Piñera, expuso este viernes en la comisión revisora de la iniciativa parlamentaria e insistió en el argumento de "la cosa juzgada", argumentando que los tribunales ya habrían descartado irregularidades del Presidente en la causa que abordó los negocios relacionados a su familia y la empresa peruana Exalmar mientras se desarrollaba el juicio por el conflicto limítrofe con Perú en el período Piñera 1.

Esta línea argumentativa ya fue rebatida por el Ministerio Público, institución que incluso inició una nueva investigación contra Piñera sosteniendo que con los Pandora Papers, publicación periodística internacional, se revelaron antecedentes que no habían sido parte de las indagatorias y que justamente son el motivo de la presentación de la acusación constitucional por parte de parlamentarios de oposición por presuntamente "haber infringido el principio de probidad" y "comprometer gravemente el honor de la patria".

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La investigación periodística reveló un millonario contrato de compraventa firmado en Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal, entre sociedades ligadas al amigo del mandatario Carlos Alberto Délano y la familia Piñera-Morel. Este documento incluyó una cláusula que establecía un pago de $US10 millones a la familia del Presidente en caso de que no se determinaran restricciones medioambientales, decisión que en parte era definida por Piñera, quien en ese momento dirigía el gobierno en su primera mandato.

La exposición de Gálvez

"La acusación constitucional, más allá de un inteligente uso del lenguaje, más allá de una serie de recursos que se utilizan para efectos de adecuar mañosamente la realidad de los hechos, no establece ningún hecho constitutivo de los ilícitos constitucional que en ella se imputan", inició el abogado Jorge Gálvez, quien también defendió al ministro de Educación, Raúl Figueroa, cuando en agosto debió afrontar otro juicio político-jurídico en la Cámara de Diputados.

Posteriormente el abogado desarrolló cinco líneas argumentativas contra la iniciativa parlamentaria: "Se basa en hechos falsos, no ofrece prueba de sus dichos, se basa en meras especulaciones, se refiere a hechos ocurridos en el anterior periodo presidencial y contradice fallos judiciales firmes y pronunciamientos de Contraloría, Servicio de Impuestos Internos y la Superintendencia de Valores y Seguros".

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Respecto a a los supuestos hechos falsos, el representante del Presidente se detuvo a exponer los antecedentes de la causa por supuestos delitos de Piñera mientras era el juicio limítrofe contra Perú en La Haya durante su primer gobierno, momento en que sociedades ligadas a su familia tenían inversiones en la pesquera peruana Exalmar.

Gálvez sostuvo que esa investigación del Ministerio Público indagó "si el Presidente de la República efectivamente en el contexto del desempeño de su alta dignidad de jefe de Estado a la vez tenía conocimiento, injerencias o participaba de sus propios negocios", lo que en definitiva fue desestimado por la Justicia en diversas instancias, por lo que interpreta que ya estaría zanjado que Piñera no sabía de los negocios relacionados con su familia.

El abogado expuso una serie de antecedentes para respaldar la rigurosidad de la investigación dirigida por el fiscal Manuel Guerra, como la incautación de mails del mandatario y la bitácora de sus transportes.

Contradicciones con la Fiscalía

Parte de los argumentos de Gálvez relacionados a la investigación judicial ya han sido rebatidos por el Ministerio Público, organismo que incluso entregó un informe a la comisión revisora de la acusación constitucional contra Piñera en que detalló que las nuevas revelaciones «no están comprendidos dentro de aquellos hechos que fueron sobreseídos definitivamente, pues apuntan a la venta, en un paraíso fiscal, del proyecto Dominga por parte de las empresas vinculadas al presidente Piñera al conglomerado de su amigo Carlos Délano».

Respecto a «la cosa juzgada», el documento del Ministerio Público agrega:  «No resulta factible, a nuestro juicio, extender los categóricos efectos de una resolución judicial como ésta a cuestiones que no formaron parte del debate, pretensiones y contra pretensiones de los intervinientes, que es el único material respecto del cual la decisión jurisdiccional puede y debe recaer».

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Las delitos investigados que actualmente tienen al Presidente Piñera en calidad de imputado también fueron expuestos en el texto entregado a la comisión revisora de la acusación constitucional: cohecho, soborno y delitos tributarios.

La exposición del abogado del Presidente Sebastián Piñera, Jorge Gálvez, en la comisión revisora de la acusación constitucional continuará este sábado a las 10 horas, momento en que recibirá preguntas de los miembros de la instancia parlamentaria.

Revisa a continuación la exposición completa del abogado Jorge Gálvez en la comisión revisora de la acusación constitucional contra Piñera: