La presidenta del Senado, Ximena Rincón, aseguró este jueves que en nuestro país cualquier ministro del Estado o el propio presidente de la República puede ir a juicio político por sus actos hasta seis meses después de abandonar el cargo, por lo que "hay tiempo" para que, si el Parlamento lo decide pueda someter a este proceso a Sebastián Piñera.

De hecho, la oposición presentó la semana pasada una acusación para destituir a Piñera por la polémica venta de megaproyecto minero Dominga en un paraíso fiscal, transparentada en los Papeles de Pandora.

El proceso complicará los últimos meses en La Moneda del mandatario, quien terminará su segundo periodo no consecutivo en marzo de 2022, y el impacto en la carrera presidencial de cara a los comicios del 21 de noviembre todavía es impredecible.

"La destitución o inhabilitación del presidente de Chile es una decisión que tiene que tomar el Parlamento", dijo Rincón hoy durante su participación en Madrid en la Tribuna organizada por EFE y Casa de América.

Sin embargo, Rincón no quiso emitir su opinión sobre si existen antecedentes o no para poder "llevar a juicio" a Piñera, ya que "el rol del Senado es ser juez en esa decisión y de hacerlo, podría ser causa de inhabilitación.

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Próximos dos meses serían claves

Según la presidenta del Senado, de acuerdo a los tiempos, "esto debiera saberse en los próximos sesenta días".

"Primero tiene que pasar por la Cámara de Diputados y una vez que ella de cuenta del proceso se informa al Senado que tiene un plazo delimitado por la Constitución para pronunciarse, va a depender del tiempo de la Cámara de Diputados cuándo nosotros tengamos que pronunciarnos sobre esta materia", explicó.

Sin embargo, reiteró, "cualquier ministro de Estado o el propio presidente de la República puede ser juzgado por sus actos hasta seis meses después de haber abandonado el cargo, por tanto tiempo hay".

Influencia en el proceso electoral

Si la decisión sobre la situación de Piñera se produjera antes de las elecciones presidenciales, "sin lugar a dudas puede tener efecto sobre ellas, y creo que la discusión de la acusación constitucional va a contaminar mucho el debate electoral", dijo luego Rincón.

"No le hace bien a la discusión política y al futuro del país el haber interpuesto ahora la acusación, desde el punto de vista de la forma, no en el fondo, pero ya está en debate, instalada", dijo.

Desde el punto de vista de los intereses del país la senadora confía en que se de el espacio suficiente para poder escuchar las propuestas de los candidatos presidenciales. "Es necesario, siempre es bueno mirar al futuro y mirar hacia dónde vamos, sin perjuicio de que nunca es bueno olvidar el pasado, porque los pueblos que olvidan la historia tienden a repetirla. Tendremos que tener la sabiduría de hacer las dos cosas".

"La prisión preventiva no se ha usado en el contexto en el que se legisló"

Paralelamente, Rincón aludió a la prisión preventiva en Chile, planteando que debe revisarse, porque "lamentablemente se ha usado como medida, no como en el contexto en el cual se legisló".

La parlamentaria de la DC,  enfrentó de esta manera la situación de detenidos en el contexto del estallido social del 2019, la mayor ola de protestas en los 31 años de democracia en nuestro país.

Según cifras del Ministerio Público, son 25 los manifestantes que siguen detenidos, algunos de ellos desde hace más de un año, lo que ha llevado a familiares y asociaciones a protestar en las calles por su liberación desde hace meses.

"El tema de los presos de la revuelta está en debate legislativo, en la comisión de Constitución del Senado. Es parte de una moción de parlamentarios y tendrá que avanzar como otros proyectos de ley en el Parlamento", aseguró.

La presidenta del Senado recordó incluso que este miércoles quedó el libertad un joven que llevaba un año en prisión al que le pudieron comprobar nada.

Por eso, "el uso de la prisión preventiva, no solo en este caso -el de los manifestantes presos- sino en todos los casos del país es un tema que tiene que ser revisado", reiteró Rincón  autora de una moción parlamentaria sobre ese asunto.