El abogado Javier Gómez González, denunciante del denominado caso “Horas Extras” de Viña del Mar, ingresó este martes una ampliación de la querella en contra de Virginia Reginato, sumando a otros 34 funcionarios municipales, por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita y fraude al Fisco.

Entre las y los funcionarios mencionados en el documento legal, está la exjefa de Gabinete de Reginato, María Angélica Maldonado, junto a un grupo de jefes de Departamento de la ciudad jardín.

De acuerdo con el libelo, estos funcionarios asignaron horas extras al personal de su dependencia “más allá de un límite posible de realizar, siendo imposible física, fáctica y jurídicamente posible de realizar tales horas extras supuestamente trabajadas, y que queda de manifiesto que nunca se realizaron”.

La querella agrega que las y los trabajadores se han “confabulado de modo permanente para cometer la defraudación del Municipio de Viña del Mar”, asignándose sobresueldos por horas extras inexistentes, con el fin de tener un falso título para cobrar dinero “de manera indebida, defraudando y permitiendo defraudar a la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar”.

Para lograr este “pérfido fin”, han incurrido, además, en una multiplicidad de delitos diversos al de la asociación ilícita, como falsificación documental de tarjetas de ingreso y egreso de jornada laboral, y fraude al Fisco. Dichos ilícitos “deben sancionarse de manera independiente y autónoma al de la asociación ilícita”, sostiene Gómez en el documento.

Según el abogado, Virginia Reginato era quien firmaba los decretos de horas extras, y posteriormente las asignaba, convirtiéndose así en la primera responsable de la defraudación. Por su parte, su ex jefa de Gabinete se encargaba de tomar la decisión política final, siendo así la segunda en el orden de responsabilidades.

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Además, recogió que los jefes de Servicio funcionaban como los mandos medios en la comisión de los ilícitos, quienes asignaban horas extras mas allá de lo físicamente posible. Así también, otros funcionarios, como los garantes o fiscalizadores que tienen como deber velar por la cautela del patrimonio municipal, habrían delinquido por omisión.

Por otra parte, de acuerdo con un informe de la Contraloría General de La República, existirían otras 443 personas que se habrían beneficiado indebidamente con las horas extras, personalizadas con nombre y apellido en el documento del ente fiscalizador.

El abogado querellante, además, solicitó que se cite a declarar a 27 testigos, entre ellos a una serie de auditores, asesores jurídicos y fiscalizadores, además de concejales y exconcejales. Por otro lado, pidió que testificara el diputado Andrés Celis, quien en una entrevista del año 2018 admitió a El Mercurio de Valparaíso que en sus tiempos como edil de Viña del Mar “el Departamento de Finanzas maquillaba mucho las cifras”.

Según explica Gómez González en el documento legal, las y los funcionarios habrían recibido sobresueldos “en período de vacaciones, con licencias y trabajando más de 24 horas diarias”.

Nueva auditoría

Así también, mediante el documento legal, el querellante solicitó que se ordene una nueva auditoría de las horas extras pedidas, desde el año 2010 al 2019, a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI (BRIDEC), para determinar los montos indebidamente pagados.

Lo anterior, considerando que “claramente no coincide la suma señalada por el Consejo de Defensa del Estado, con el monto de perjuicio municipal señalado por los diversos informes de Contraloría General de la República sobre los dineros indebidamente apropiados por horas extras no trabajados”, sostiene el litigante.

“Nos parece inaudito que en la formalización no se haya cuantificado los perjuicios que es esencialmente patrimonial, y que la pena se determina de acuerdo al monto del perjuicio. Nos enteramos por la prensa que el Ministerio Público, pretende acusar, y ni siquiera tiene determinado el monto para determinar la pena”, comenta sobre este punto.

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Según el abogado, la única información cierta de los perjuicios de horas extras están en los informes 438-2015 y 577-2018 de la Contraloría, que cifra en $5 mil millones anuales los perjuicios, derivado de los 443 infractores que determina el primer informe, más los responsables que señala el segundo.

“Importante nos parece el sumario administrativo realizado por la Contraloría Regional, en que determina a los jefes de servicios como responsables de asignar horas extras mas allá de los físicamente posible, es decir otorgando jornadas laborales a sus subordinados superiores a las 24 horas diarias. ¿Todo estos es baladí e irrelevante para el Ministerio Público?”, se cuestiona en la acción legal.

Hasta la fecha, el Ministerio Público sólo ha formalizado a los funcionarios de la Municipalidad de Viña del Mar Pablo Staig (Administrador Municipal), Manuel Jesús Echeverría (Director del Área de Finanzas), y Javier Garrido Vásquez (funcionario municipal), por la responsabilidad que les cabría en calidad de coautores del delito de fraude al Fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, por el cobro indebido de horas extraordinarias durante los años 2014 y 2015.

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