Este viernes, la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford Parentti, dictó acusación en contra de 10 procesados por falsedad militar, fraude al Fisco y falsedad documental, en la arista Frasim del caso Fraude en el Ejército.

Rutherford concluyó la investigación en esta arista y logró acreditar en un primer hecho un fraude con un total de 409 facturas emitidas a nombre de la Comandancia General de la Guarnición del Ejército de Chile, entre septiembre de 2010 y marzo de 2014.

Estas correspondían a supuestas operaciones con los proveedores Frasim y Tecnometal con fondos por un total de $2.500.675.749 por servicios o adquisiciones inexistentes, carentes de realidad y respaldo, con cargo a dineros de la denominada “Ley Reservada del Cobre”.

Según detalla el Poder Judicial, con el fin de ejecutar el pago, terceras personas creaban documentación de respaldo como las actas de recepción, órdenes de pedido al comercio, cuadros comparativos de precios y actas de adjudicación, lo cual “generaba un apariencia de realidad y verdad”.

Así también, las facturas y la documentación de respaldo era ingresada habitualmente por mano y sin oficios conductores al Departamento de Planificación Financiera (DPAF), unidad dependiente del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), donde “ejecutivos de cuentas” definían los decretos supremos a los que se imputaba el gasto y luego se remitían a la Tesorería del Ejército para el pago efectivo.

Además, en la Tesorería del Ejército recibían un tratamiento especial de celeridad para disponer del pago en el más breve plazo, y realizar transferencias de fondos a la cuenta corriente del proveedor.

Finalmente, una vez que el proveedor recibía el pago, retiraba el dinero en efectivo y descontando el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y un 15% de participación o comisión entregaba el resto a un coronel del Ejército, quien a su vez distribuía el dinero entre los distintos funcionarios que participaban en la defraudación.

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En un segundo hecho, 8 facturas emitidas en febrero de 2011 por un monto total de $ 27.385.173  fueron llenadas por supuestas ventas o servicios prestados por la empresa Frasim al Comando de Apoyo a la Fuerza del Ejército.

Las facturas ideológicamente falsas con documentación de respaldo también falsificada fueron ingresadas al Departamento de Planificación Financiera (DPAF), dependiente del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), donde las recibió un ejecutivo de cuenta específico quien imputó el gasto a un decreto supremo y la remitió a la Tesorería del Ejército.

La Tesorería cursó el pago de las facturas al proveedor, quien retiró una parte del dinero y entregó $ 21.500.000 a un empleado a contrata del Ejército, quien a su vez las entregó a un suboficial y a un cabo, quienes confeccionaron la documentación respaldatoria fraudulenta y tramitaron su pago.

Las y los acusados

La magistrada acusó a Clovis Alejandro Ignacio Montero Barra como autor de fraude al Fisco reiterado  por un monto total de $ 2.491.673.098  y falsedad en materia de administración militar.

Juan Carlos Cruz Valverde fue responsabilizado como autor de fraude al Fisco reiterado por un monto total de $ 1.438.348.448, falsedad en materia de administración militar y falsedad documental.

Liliana Francisca Villagrán Vásquez fue acusada por fraude al Fisco reiterado por un monto total de $ 981.955.590 y falsedad en materia militar.

Carlos Felipe Frez Ramírez fue responsabilizado como  de  fraude al Fisco reiterado por un monto total de  $ 629.892.160.

Miguel Ariel Díaz Medina fue responsabilizado como cómplice de fraude al Fisco reiterado por un monto total de  $ 629.892.160.

Mario Edmundo Barrientos Atala fue acusado  como autor de fraude al Fisco reiterado por un monto total de  $ 1.791.979.748  y falsedad en materia de administración militar.

Pablo Rodrigo Cisternas Figueroa fue acusado como autor de fraude al Fisco reiterado por un monto total de $ 227.547.451 y falsedad en materia de administración militar.

Luis Javier Cisternas Angulo fue acusado como autor de fraude al Fisco reiterado por un monto total de $ 1.215.241.700.

Danilo Orlando Alarcón Báez fue acusado como autor de fraude al Fisco reiterado por un monto total de $ 1.814.987.370  y falsedad en materia de administración militar.

Claudio Andrés González Palominos fue acusado como autor de fraude al Fisco reiterado por un monto total de $ 27.385.173  y falsedad documental.