El Tribunal Supremo del partido Federación Regionalista Verde Social determinó la expulsión del encargado provisional de la Región Metropolitana, Juan Droguett, quien sería el responsable de la inscripción de candidaturas que estarían vinculadas al alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, y a bandas de narcotráfico del sur de la capital.
A través de una declaración pública, la directiva del partido señaló que “el hecho más grave se generó cuando fuimos consultados por “La Tercera”, que iba a publicar un reportaje a raíz de la vinculación que existe entre el denunciado con la municipalidad de San Ramón, su Alcalde y el entorno de éste. Se pretendió hacer un nexo inexistente entre el FRVS, como colectivo, con el entorno íntimo de ese edil, lo que nos causó daño reputacional”.
Lo anterior, a raíz de una publicación del citado medio en el que se abordan los presuntos nexos de candidatos en cupos del FRVS con la red de Aguilera, como el alcalde de Lo Espejo, Miguel Ángel Bruna; el candidato a alcalde de La Granja, Claudio Arriagada; y los postulantes a concejales, Francisco Andrés Olguín por San Ramón, José Miguel Torres por El Bosque, y Héctor Cataldo, por la misma comuna.
La resolución del TS, junto con establecer la expulsión inmediata de Droguett, determinó que la directiva nacional intervenga al partido en la Región Metropolitana por el plazo de seis meses. Además, se ordenó revisar el padrón de militantes de la región, “para cortar de manera absoluta toda relación del Partido FRVS con personas cuestionadas por vinculaciones al narcotráfico”.
De la misma forma, se prohibió "de manera absoluta que cualquier autoridad nacional o regional del partido colabore o respalde de manera pública o privada las candidaturas vinculadas con el narcotráfico y su relación directa o indirecta con el caso Municipalidad de San Ramón y sus redes", dice el comunicado.
En la decisión, también se consideró el hecho de que Droguett “sin consultar ni siquiera a la Directiva, comunicó por sus redes sociales de manera unilateral y autónoma el término el pacto político y electoral en la RM, provocando con ello las reclamaciones del partido-socio de pacto, generando pérdida de confianza interna y externa. Este hecho violó una norma básica de conducta partidaria, al pasar por sobre la ley y los acuerdos internos”.
